El PP sigue sin encontrar nada bajo las alfombras del Ejecutivo PRC-PSOE y recurre a fomentar la ceremonia de la confusión, ofreciendo informaciones parciales o sesgadas. Así, ayer la consejería de Economía, Hacienda y Empleo, al frente de cual se encuentra Cristina Mazas, hacía publico un comunicado cuya única novedad reside en haber sumado el total de la deuda plurianual para el período 2011-2031 y que asciende 419 millones de euros. Esa cantidad está recogida en la documentación presupuestaria, a la que, lógicamente, Mazas ha tenido acceso no sólo como consejera, sino antes como diputada y responsable de temas económicos en la anterior legislatura. Supone que en los próximos 20 años el Gobierno de Cantabria deberá hacer frente a compromiso de pagos medios anuales de 21 millones de euros, sobre un presupuesto que el pasado años fue de 2.400 millones de euros.
Los 419 millones de la financiación estructurada, se corresponden con los plurianuales de empresas públicas GIEDUCAN (Gestión de Infraestructuras Educativas, para la construcción de nuevos centros educativos, principalmente), GISCAN (Gestión de Infraestructuras Sanitarias, para la construcción de hospitales y ambulatorios), GESAICAN (Sociedad Gestora de Activos Inmobiliarios), GESVICAN (Gestión de Viviendas Protegidas e Infraestructuras), la Fundación Comillas, Colegios del Mundo Unido (CMU) y el Racing.
En el desglose de las cuatro empresas públicas, se puede apreciar -según la nota del Gobierno- que la deuda más abultada corresponde a GISCAN, con un acumulado, hasta 2031, de 96,3 millones de euros y con una media de pago de 5 millones de euros en cada ejercicio. Se trata del pago del Hospital Tres Mares, exigido por el PP que lideró movilizaciones en Campoo, y el sobrecosta de Vadecilla, que la consejería también contabiliza como deuda pendiente del Gobierno de España. Le sigue en importancia GIEDUCAN, 92,7 millones de euros, hasta 2019, gracias a cuya actuación se ha logrado ampliar el número de plazas escolares y mejorar los centros educativos públicos que los gobiernos del PP habían abandonado. GESVICAN, con 65,6 millones de euros, cantidad consignada totalmente en el periodo 2011-2015, con pagos medios de 13 millones de euros, ha llevado a cabo una amplia política de construcción de VPO y la realización de infraestructuras necesarias para cohesionar la región, comunicando núcleos de población aislados. Finalmente, GESAICAN, con 62,2 millones de euros a nueve años que concluyen en 2027 y partidas que se van incrementando desde los 809.673 euros de 2011 hasta los cerca de 3 millones de euros de 2027, respalda sus inversiones con la propiedad de los activos que posee.
En la nota se incluye Colegios del Mundo Unido, que tiene una financiación plurianual de 58 millones, consignada en el decenio 2014-2023, con anualidades fijas de 5,8 millones de euros, volviendo a poner encima de la mesa, y sumando de nuevo, una cifra ya denunciada. La financiación estructurada para Comillas, 32 millones de euros, una cantidad que parte, inicialmente, de 100.000 euros en 2011 y se va incrementando sucesivamente hasta los 6,45 millones de 2020, es la que ha permitido llevar a cabo la restauración y puesta en servicio de la antigua Universidad Pontifica de Comillas. Finalmente, el Racing, con 12 millones de euros, repartidos en seis anualidades de 2 millones de euros cada una de ellas, que se han incluido en los ejercicios 2012-2017, es la compensación por la publicidad de Cantabria que el el equipo cántaro luce en sus camisetas.
La intencionalidad de ofrecer datos conocidos como parte del análisis de las cuentas regionales que está efectuando la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria, queda clara cuando se menciona las otras cifras ofrecidas a lo largo de la semana. Así se refiere a las supuestas deficiencias presupuestarias en las cuentas de 2011 por valor de 440 millones de euros. De esas deficiencias 200 millones corresponden, según el Gobierno de Diego, a facturas impagadas y "ni siquiera contabilizadas". A día de hoy ningún organismo de control interno de la Consejería de Hacienda ha ratificado al existencia de esa deuda. Los 240 millones restantes, igualmente sin soporte documental oficial alguno, por tanto sólo declaraciones de la consejera, son insuficiencias presupuestarias (72 millones), retenciones de crédito aún no practicadas (70 millones), la corrección del dato de déficit de 2010 por parte de la Intervención General del Estado (75 millones), otro dado ya conocido, e imputaciones de gasto del pasado ejercicio (24 millones).
Para engordar la nota, la consejería de Hacienda recuerda que la ejecución presupuestaria "alcanza ya el 80% del gasto" (por un 67% en las mismas fechas de 2010) y un nivel de ingresos que "apenas" alcanza el 40%, cuando en el pasado ejercicio era cercano al 45%. En cuando a ingresos no parece significativa la diferencia, más teniendo en cuenta la situación económica uy la inestabilidad política por la celebración de elecciones. En cuando a la ejecución del presupuesto siempre es más elevado en los años electorales, como puede apreciarse en la liquidación de ejercicios anteriores.
La explicación a la denuncia de la cifra ya conocido y respaldada presupuestariamente de los 419 millones de euros que se han comprometido vía financiación estructurada, que se deberán pagar hasta el 2031, llega al final de la nota cuando precisa que más de 210 millones de euros se han consignado para su pago a lo largo de la actual Legislatura 2011-2015. Por lo cual, afirman, el actual Ejecutivo, antes de comenzar a elaborar los presupuestos del próximo año, ya se encuentra con este "elevado lastre presupuestario" que, advierte, "deberá detraer de otras partidas, para así garantizar los servicios sociales básicos de todos los ciudadanos". Lo que no precisa es que partidas recortará, aunque es fácil imaginárselas.