En 2003, cuando la coalición de socialistas y regionalistas se hizo cargo del Gobierno de Cantabria, recibió como herencia algunos ‘charcos’. Sólo tres de ellos suponían un importe de alrededor de 17.000 millones de pesetas (algo más de 100 millones de euros). Una deuda no reflejada en presupuestos, fruto de actuaciones irregulares e irresponsables, que al Ejecutivo entrante ni se le pasó por la mente utilizar públicamente. Negoció con los acreedores y en un caso (los gastos del ‘Prestige’) logró resarcirse y en los dos otros (terrenos de Cabárceno y solar de Astilleros del Atlántico junto al Palacio de Festivales) pagó y calló.

A la vista de los que está haciendo el Gobierno que desde el pasado 27 de junio preside el ‘popular’ Ignacio Diego, cabria pensar que el ejecutivo PSOE-PRC se equivocó al no informar a los cántabros de la controvertida gestión del PP y los costes económicos que tuvieron para las arcas públicas algunas de sus decisiones. Por el contrario, se procedió a levantar acta de lo heredado y a intentar solucionar los problemas. Ni auditorias de infarto, ni llamativas declaraciones, ni denuncias periodísticas. Y mucho menos sembrar dudas sobre actuaciones que, esas sí, estaban al límite de lo legal, como los compromisos de gastos por las tareas de limpieza de los efectos del ‘Prestige’ por importe de 35 millones de euros y sin autorización del Parlamento de Cantabria y, por tanto, sin respaldo legal alguno. Lo de menos es que esos más de 5.000 millones de pesetas de más y sin soporte legal hubieran ido a parar a manos de empresarios amigos del consejero de entonces que, casualidades de la vida, tenía de poderoso jefe de gabinete al actual alcalde de Santander, Íñigo de la Serna.

Pero volvamos a los fríos datos para que nadie piense que este es un contra artículo de suma de picos, palas y azadones, como el que está escribiendo un día si y otro también el Gobierno del PP surgido de las urnas el 22M. En noviembre de 2002 el Gobierno de Martínez Sieso y ante la llegada a Cantabria de los vertidos procedentes del ‘Prestige’, el petrolero hundido en las costas gallegas, solicitó del Parlamento de Cantabria un crédito extraordinario para hacer frente a los costes de limpieza de playas y control del chapapote. Se autorizó un gasto de 31 millones de euros, que ya es gasto, a propuesta del consejero José Luis Gil. Pero cuando seis meses después el PP salió del Gobierno, los nuevos responsables del medio ambiente se encontraron con que el dinero comprometido y gastado era de 66 millones de euros, justamente el doble del autorizado.

A la chita callando el Gobierno de coalición socialista-regionalista, encabezado por Miguel Ángel Revilla, negoció con el Gobierno central, presidido por Zapatero, y logró que le abonaran el total del gasto realizado por el PP; el que se había autorizado y el que se gastaron por su cuenta y riesgo. La otra opción: denunciar los hechos y hacer quebrar a las empresas ‘amigas’ a las que se había contratado sin tener dinero para pagarlas, fue descartada por responsabilidad y coherencia.

En 2003, cuando el PP sale del Gobierno de Cantabria, los terrenos donde se asentaba y se asienta el Parque de la Naturaleza de Cabárceno seguían siendo propiedad de la SEPI, sociedad estatal a la que Agruminsa, la empresa que explotó la antigua mina, había trasnferido sus activos. El Gobierno del PP presidido por Hormaechea expropió los terrenos en 1988 para construir el parque pero no los pagó. El precio de compra se fijo en 5,4 millones (900 millones de pesetas). En 1991, con el PP y Hormaechea de nuevo juntos tras un breve paréntesis de discrepancias que duró apenas seis meses, se dejó de pagar el alquiler y los intereses de la deuda no satisfecha.

En 2006 el Ejecutivo PSOE-PRC, tras tres años de negociaciones, pone punto final a la situación de ‘okupa’ que protagonizaba en Cabárceno y accede a la propiedad de los terrenos del Parque en los que se habían venido realizado cuantiosas inversiones. La negociación con la SEPI, dependiente del Ministerio de Industria, culminó logrando que de las arcas regionales no tuviera que salir ni un euro más del precio fijado 18 años antes. Así, finalmente, Cantabria paso a ser legalmente propietaria del Parque y no un realquilado moroso que no pagaba la renta.

Si en el caso de Cabárceno la operación salió barata, en el de la expropiación de los terrenos colidantes al Palacio de Festivales, la incompetencia de los sucesivos gobiernos del PP, su incapacidad para la negociación y su soberbia pudo llevar a la región a la quiebra. El Gobierno de Hormaechea decidió quedarse con los terrenos de Astilleros del Atlántico, situados junto al Palacio de Festivales, para construir un aparcamiento. Y lo hizo, como acostumbraba, poniendo condiciones onerosas para el propietario, que este no aceptó. El litigio legal se inició porque el Gobierno del PP, presidido por Hormachea, se negó a pagar los 250 millones de pesetas, millón y medio de euros, que pedía la propiedad de los terrenos. En 2001, con un primer juicio fallado a favor de Astilleros del Atlántico, la empresa propuso un acuerdo que reducía notablemente los derechos económicos que una sentencia judicial les otorgaba. El Ejecutivo, que ya para entonces presidía Martínez Sieso, siendo consejero de Economía Juan José Fernández Gómez, el despistado director-gerente de Mercasantander, de donde le estafaron en su cara un millón de euros. Fernández Gómez llamó a los propietarios de Astilleros del Atlántico y les dijo que por él podía seguir pleiteando, para añadir que, probablemente, cuando los jueces dictaran el fallo definitivo, si es que la hacía en contra del Gobierno, el ya no estaría de consejero. Fue en lo único que acertó el sobrado Fernández Gómez.

Cuando se produjo el fallo judicial definitivo, en 2006, la sentencia fijó en 50 millones de euros, unos 8.300 millones de pesetas, lo que el Gobierno de Cantabria debía pagar por la expropiación del aparcamiento, más los intereses y las costas procesales. El precio inicial multiplicado por 40. Y otra vez el Gobierno de coalición tuvo que arreglar el desaguisado. Tras arduas negociaciones se logró que Astilleros del Atlántico aceptara reducir en un 60% sus derechos económicos, percibiendo finalmente 20,4 millones de euros, 3.400 millones de pesetas, por lo que en su día pudo comprarse por 200. Así se escribe la historia.

Son únicamente tres casos de los muchos que en 2003 socialistas y regionalistas encontraron como herencia de los gobiernos del PP. Sin mencionar la deuda generada a finales de los ochenta y sólo parcialmente pagada por el ejecutivo de Martínez Sieso en sus ocho años de gobierno, que socialistas y regionalistas tuvieron que seguir abonando. En este capítulo de herencias podrían incluirse como, a pesar de la bonaza económica, no se invirtió ni un euro en solucionar el problema del abastecimiento de agua a la zona oriental de Cantabria, o en una política autosuficiente de recogida de basuras, ni el abandono de proyectos de futuro como el Parque Científico y Tecnológico o los planes especulativos para la Universidad de Comillas, que iban a convertir en privilegiado asentamiento de adosados, o las irregularidades urbanísticas permitidas en numerosos municipios con las consecuencias de sentencias de derribo de todos conocidas.

De la ‘herencia’ denunciada por el PP a su vuelta al Gobierno sólo genera dudas legales los 200 millones en facturas del Servicio Cántabro de Salud. Pero es una cifra, sin soporte oficial, por lo que habrá que ser prudente antes de contabilizarla en el capítulo de ‘charcos’. De todas las otras cifras-denuncia existe constancia presupuestaria y autorización parlamentaria. Se podrá discutir la prioridad de algunas inversiones, pero no su legalidad. Un mes después de llegar al Gobierno con la anunciada intención de levantar las alfombras, el PP no ha logrado encontrar nada que llevar, como amenazaba, a los tribunales de Justicia o los de la opinión pública. Las distintas cifras que se vienen manejando están en los presupuestos de Cantabria. La situación económico de la región, sus grandes cifras –déficit, endeudamiento, nivel de empleo…- las cuentas legadas por el anterior ejecutivo regional no ha sido rectificadas oficialmente, aunque si cuestionadas públicamente. El goteo de cifras aisladas, que, como la aportada este domingo sobre el importe de los plurianuales, pueden encontrarse en los prepuestos de Cantabra, debería ser conocida por la consejera Cristina Mazas, que fue diputada en la anterior legislatura. Su lanzamiento en tono de denuncia es un ejercicio demagógico al que prestan su colaboración los medios de comunicación amigos. ¿Con qué objeto? Llevar a la opinión pública el mensaje de que si hacen los recortes a las políticas sociales que pensaban y piensan hacer no es por que quieran, sino debido a que el Gobierno anterior les dejó Cantabria en quiebra.