Las reuniones en la 'cumbre' del presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, con los líderes partidos de la oposición y los dirigentes sindicales y patronales fueron meras operaciones de imagen
El consenso, la unidad de toda Cantabria para reclamar ante Madrid la llamada 'deuda histórica', lo rompió ayer el presidente regional, Ignacio Diego, al autorizar a sus consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, que acuda el viernes a Madrid a reclamar ante el Ministerio de Economía y Hacienda los 588 millones que, según los cálculos del Ejecutivo del PP, adeuda la Administración central a la Comunidad Autónoma. Diego se reunió el pasado 9 de agosto con los líderes regionalismo y socialista, Revilla y Gorostiaga y el 22 del mismo mes con Cedrún (UGT), Arce (CC OO) y Mirones (CEOE). En esta última reunión Diego comprometió un plazo de diez días -ya han transcurrido 22- para entregar un documento con la fórmula de compensación de la deuda, ya que Cantabria tiene pendiente de devolver a las arcas centrales alrededor de 490 millones de euros.
La nota de prensa emitida ayer por la consejera de Economía, Cristina Mazas, pone al descubierto algunas de las falsedades y contradicciones del gabinete del PP, además de sentenciar el consenso prometido por el presidente regional para hacer más presión a Madrid en la negociación de los intereses de Cantabria. Mazas volverá a insistir ante el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López Carbajo, con el que se reunirá este viernes en Madrid, en la reclamación de los compromisos de pago que el Gobierno de España, afirma Mazas, ha eludido "de forma sistemática" en los últimos ejercicios, como el abono del sobrecoste de las obras del Plan Director del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; el pago de los Fondos de Cohesión "comprometidos" por la ex vicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, y el "incumplimiento" de los compromisos alcanzados para el reparto de los fondos del sistema de financiación autonómica.
El monto global supera, según el Gobierno de Cantabria los 580 millones de euros, cantidad que, en palabras de la propia consejera de Economía "facilitaría no sólo el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, sino la recuperación de la actividad económica regional". Obvia Mazas que Cantabria adeuda a Madrid, por cantidades de más recibidas en los presupuestos de 2010 y 2011, un total de 498 millones, por lo que lo que a lo que tendría derecho la Comunidad Autónoma no llegaría ni a los 100 millones de euros. La opción de la compensación de deudas fue planteada por Diego en la reunión con los sindicatos UGT y CC OO y la patronal CEOE. Su concreción quedó pospuesta a la elaboración de un documento de trabajo que seria remitido a los agentes sociales y también al PSOE y PRC. Hasta el momento dicha propuesta no ha sido entregada.
El encuentro de Madrid tiene como principal objetivo presentar las medidas que ha impulsado el Gobierno de Cantabria para controlar el déficit de la Comunidad Autónoma y poder cumplir así con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Entre otros documentos Mazas está obligada a presentar el grado de cumplimiento del Plan de Reequilibrio financiero acordado un mes antes de las elecciones o, en su caso, las medidas alternativas que piensa adoptar. En ese sentido Economía adelantó que expondrá al Ministerio las medidas ya puestas en marcha, como la retención de crédito por 25 millones de euros impulsada el pasado mes de agosto, y analizará con la Secretaría de Estado el cumplimiento del objetivo de déficit a 31 de diciembre de 2011. Hasta el momento, y pese a los reiterados intentos de la oposición socialista para que el Gobierno del PP presente el desglose de los recortes por importe de 25 millones e informe de ello al Parlamento, el Ejecutivo regional los mantiene ocultos.
El Gobierno que preside Diego afirma que lleva trabajando varias semanas en "reconducir" una situación económico-financiera "muy compleja" -anteriormente fue calificada de "dramática" e "insostenible"-, dado el grado de ejecución presupuestaria (80% en los seis primeros meses del año) que, afirman, se encontró el Ejecutivo. Una de las medidas, primero presentada como adoptada y posteriormente reducida a mera propuesta pendiente de aplicar, era un segundo 'tijeretazo' a la cuentas públicas de 100 millones de euros. Ahora afirman que harán el recorte después de hablar con Madrid. Sobre lo que ni el presidente regional ni su consejera han vuelto es a la anunciada suspensión de inversiones previstas en el Presupuesto de 2011 por importe de 71 millones de euros. A día de hoy se desconoce si el acuerdo es firme y está adoptado por el Consejo de Gobierno o si se trata únicamente de un anuncio publicitario más del Ejecutivo.