La paralización de la Ley de Dependencia, planteada por Mariano Rajoy, dejaría en Cantabria a 15.000 beneficiarios sin la atención a la que tienen derecho por ley y provocaría la desaparición de 5.000 empleos, la mayor parte desempeñados por mujeres de entre 25 y 44 años. El candidato del PP a la presidencia del Gobierno de España aduce la falta de recursos económicos para suspender los derechos establecidos por ley para las personas dependientes, el tercer pilar del Estado de Bienestar. Al mismo tiempo rechaza aplicar impuestos a las grandes fortunas.

En España son 739.949 las personas dependientes atendidas, lo que ha creado alrededor de 300.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años. Cantabria está a la cabeza de la atención a dependientes en número de habitantes, por delante de Andalucía, La Rioja y Castilla y León, que son las más activas. En la cola figuras Comunidades Autónomas del PP como Madrid, Valencia o Galicia.

Organizaciones que representan a los discapacitados y personas dependientes, así como las empresas que trabajan en el sector de los servicios sociales, han puesto el grito en el cielo tras el anuncio del candidato del PP de que la Ley de Dependencia no es viable. En las ultimas horas lo medios de comunicación han rescindo centenares de denuncias por parte de familiares de personas dependientes, angustiadas por la posible perdida de las ayudas que reciben o por no poder acceder a ellas cuando se encuentran en trámite.

Un problema añadido, y no menor, es el del empleo. Además de las empresas que se dedican a ofrecer servicios a las personas dependientes, y que emplean de forma directa a 165.000 personas, hay al menos 150.000 cuidadoras de familiares dependientes que ya están cotizando a la Seguridad Social. En muchos casos trata de familiares de los enfermos y mayoritariamente mujeres con muchas dificultades de encontrar acomodo en el mercado laboral.

El argumento económico esbozado por Rajoy es el que desde hace tiempo vienen manejando las comunidades autónomas gobernadas por su partido y que denuncian una deficiente financiación por parte del Estado. Un informe del Gobierno central desmonta las denuncias de esas comunidades gobernadas por el PP que aducen que son ellas las que las que pagan mayoritariamente el gasto y de que el Estado incumple el acuerdo de cofinanciación de la Ley de Dependencia. No hay más que recordar las declaraciones de hace unos meses del presidente gallego Alberto Nuñez Feijoo o de altos cargos de la Comunidad de Madrid o de la Generalitat Valenciana.

Pero hay datos que demuestran lo contrario. En 2010 de los 3.600 millones de euros de financiación, el Gobierno aportó el 54% frente al 46% de las autonomías. Y en cuatro de ellas, que son precisamente las que encabezan la protesta: Canarias (la única que no tiene gobierno del PP, sino nacionalista), Valencia, Madrid y Galicia el Estado llega a poner el 70% del coste de las nuevas prestaciones creadas por la ley. El caso canario es especialmente llamativo porque la aportación autonómica es bajísima: solo el 10%. Por el contrario, el esfuerzo económico de País Vasco, Cantabria, La Rioja y Andalucía supera de forma notable al del Gobierno.

La Ley de Dependencia ha creado en sus cuatro años de aplicación 165.000 empleos directos y 150.000 cuidadoras de familiares dependientes están cotizando a la Seguridad Social. Hay otro dato importante que destaca la evaluación realizada por el Gobierno: por cada cien euros que se invierten se recuperan 20 en impuestos y cuotas a la Seguridad Social. En Cantabria, según un informe sobre el primer semestre de este año, realizado por el ICASS (Instituto Cántabro de Servicios Sociales), a 30 de junio de 2011 las personas afiliadas a la Seguridad Social en actividades relacionadas con los servicios sociales y la Ley de Dependencia representan ya el 2,37% del total de afiliaciones en Cantabria, alcanzando la cifra de 5.042 personas. El perfil de las personas que trabajan en este sector es el de una mujer, de entre 25 y 44 años, afiliada al Régimen General de la Seguridad Social, con un contrato indefinido a tiempo completo y en categorías profesionales de personal auxiliar (cuidador, gerocultor, auxiliar de clínica, auxiliar de ayuda a domicilio,…). Según estadísticas oficiales las personas que recibe ayuda en Cantabria por la Ley de Depedencia alcanzaro, en octubre de este año, la cifra de 15.091.