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¿Recortes sobre una gran mentira?
| Fecha de publicación: 19/02/2012
Victor Gijón
Victor Gijónroman alonso
Víctor GIJÓN
 
¿Dónde está el documento que prueba que debemos 261 millones de euros a las grandes multinacionales farmacéuticas? Primera cuestión a dilucidar. Luego podríamos preguntarnos desde cuándo se deben las facturas. Cuántas corresponden al Gobierno PSOE-PRC y cuántas al Ejecutivo del PP. Y si en los últimos siete meses se han ido abonado o se han metido también en un cajón. También cabría inquirir por qué, si ya se conocía la existencia de la deuda, no se incluyó en el presupuesto o se hizo uno extraordinario. A día de hoy, y mal que les pese a los aduladores periodísticos de Diego, éste no ha probado nada de lo que dice. Por tanto cabe la duda de si estamos o no ante una gran mentira para justificar el ajuste de caballo que el presidente regional anunció el pasado jueves.

El Gobierno que preside Diego sigue sin aportar documento oficial alguno que certifique que la deuda con las multinacionales de farmacia es de 261 millones de euros. Pues bien, dado que su Plan de Ajuste, en realidad un Plan de Extorsión y Esquilmaje, lo justifica en la citada deuda, ¿de qué estamos hablando? ¿Es conciente el presidente regional del daño que sus medidas y explicaciones, por llamarlas de alguna forma, están causando a la Comunidad Autónoma? ¿Del desánimo y el miedo que está inculcando a los ciudadanos y ciudadanas con sus exageraciones?¿Cómo explica que en diciembre, al presentar los presupuestos, eliminará impuestos a los ricos y ahora ase a las clases medias con medidas fiscales abusivas e insolidarias? ¿Hay un ahorro real en eliminar instituciones de control y participación como el Consejo Económico Social, el Consejo de la Mujer y el de la Juventud o se trata de represalias políticas?

La lista de preguntas sin respuesta sería interminable. Pero la primera de todas es la que hoy se hacen los 2.000 trabajadores de las empresas públicas que desde el jueves pasado son candidatos a perder su puesto de trabajo, pero que tendrán que esperar a que Diego regrese de Sevilla de batir palmas a mayor honra y gloria de Rajoy para conocer cuál será su destino laboral. La pregunta que se hacen los más de 1.000 interinos, principalmente de la Sanidad y la Educación, es dónde encontrarán nuevas ocupaciones porque en lo suyo, aunque sean necesarios, no van a encontrar acomodo laboral a corto y medio plazo, tras el anuncio del Gobierno del PP.

Es muy posible que cuando Diego regrese de la ciudad de la Torre del Oro se dirija a unos y otros para repetir que las explicaciones se las pidan a socialistas y regionalistas por los ocho años de “fiesta”, según su particular visión del pasado reciente de Cantabria. Pues bien, se las pediremos, ¿y qué? Quien tiene en estos momentos los resortes del poder no es el Gobierno de ayer, que hoy está en la oposición. Las preguntas, por tanto, al que manda. ¿Además de recortar sueldos, despedir trabajadores, cerrar empresas e instituciones y subir los impuestos y tasas qué más piensa hacer? Cristina Mazas, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, promete un plan de reactivación económica. Pero para mañana. Si es como el Plan de Empleo que vienen anunciando desde noviembre, mejor no esperar nada.

Pero es mejor no perderse en la causas y volver a los origines. La clave de bóveda argumental de Diego para poner patas arriba el sector público, tomar medidas que deterioran sin remedio el Estado de Bienestar, la Sanidad y la Educación públicas, la atención a las personas dependientes, incluso la formación de parados, cursos que llevan tres meses de retraso, o las ayudas a emprendedores, suspendidas para mejorarlas pero que aún están por ver, es la deuda farmacéutica. El último Informe, firmado por un funcionario de alto rango, el Interventor General de Cantabria y admitido por otro alto funcionario de igual nivel, el Interventor General del Estado, cifraba dicha deuda en 90 millones de euros. La fecha que figura en el documento es de diciembre de 2010 y fue presentada ante el Ministerio de Hacienda en marzo de 2011. Desde que en junio Diego llegó al Gobierno hay cientos de declaraciones de él y sus consejeros, pero ni un solo documento oficial que respalde su datos.

Hay un documento pero no es oficial, aunque si tiene la validez de ser un reconocimiento de parte. Farmaindustria, que agrupa a las grandes empresas farmacéuticas, ofreció recientemente las cifras de la deuda que las Comunidades Autónomas tiene contraídas con su sector. Y, según el acreedor, Cantabria debe 80 millones menso de lo que dice el deudor, en este caso el Gobierno de Cantabria. ¿Cómo es posible que a quien se le debe reclama menos? Lo normal sería la posición contraria, pero ya sabemos que con el Gobierno de Diego hay pocas cosas que sean normales. Así que, de ser cierto lo que afirma Diego y repeine sus portavoces mediáticos, cuando Farmaindustria nos reclamé 180 millones de euros el Gobierno de Cantabria le pagará 261. Generosos que somos. O tontos de baba.

Pero Diego no es tonto, aunque a veces haga tonterías. Inflar la deuda farmacéutica u otras deudas, anunciar la quiebra de empresas públicas, magnificar las dificultades económicas de la Administración regional, lógicas en tiempos de crisis, le es de suma utilidad en su estrategia de reescribir el pasado reciente de esta región y hacer desaparecer los 8 años de Gobierno PSOE-PRC. Su objetivo, al laminar a la oposición, es intentar perpetuarse en el poder. Lo dicen sus ‘mayores’, desde el PP nacional, y sus periodistas de cámara: el PP ha llegado para quedarse y hará todo lo posible para que esa situación se de sí o sí. Si hay que mentir se miente y si hay que dar la vuelta a la historia como se fuera un calcetín pues se hace.

Pero para cambiar la historia y perpetuarse en el poder es imprescindible torcer el brazo a la voluntad popular, evitar que los ciudadanos decidan con libertad, analicen con criterio y espíritu crítico lo que pasa y decidan en consecuencia. Y el medio más directo pasa por un control casi absoluto de instituciones y organizaciones sociales, además de los medios de comunicación. Desmovilizar a la ciudadanía, dejarla sin salida, generar resignación y pasotismo son los objetivos. Y es mucho más fácil alcanzar esa meta si, con la coartada de la crisis económica, se desmontan espacios de libertad y mecanismos de control. Si en los próximos meses se elimina, por ejemplo, la renta básica de emancipación para los jóvenes, no habrá un Consejo de la Juventud que se movilice en contra. Si se profundiza en el desmantelamiento, ya iniciado, de los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, y se retrocede 30 años en el derecho a disponer de su cuerpo libremente, no habrá un Consejo de la Mujer que le saque los colores al Gobierno.

Y no habrá -¡vaya contradicción!- quien informe, dé opinión, preceptiva aunque no imperativa, sobre las leyes sociales y económicas del Gobierno. El Consejo Económico y Social no podrá analizar e informar del Plan de Ajuste del Gobierno porque ese plan incluye su disolución. Por cierto que el CES opinó en contra de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y recibió por ello un toque de atención de Diego. Ahora ya no hay toque sino empujón y a la cuneta. A la Universidad, y ante la posibilidad de que no gane la candidatura a rector que controla, se cura en salud y le recortarán aún más los presupuestos. Menos dinero para investigación, desarrollo e innovación.

El Gobierno de Diego está utilizando una deuda cuya existencia real no prueba -habrá que seguir esperando a que presente el prometido proyecto de ley de crédito extraordinario- como cortina de humo para desmontar el proyecto de futuro que el Gobierno anterior diseñó para Cantabria. Pero no lo sustituye por un proyecto propio, sino que ha optado por no hacer nada. Diego sigue sin explicar cual es su idea de futuro para Cantabria y con que medios, no necesariamente sólo económicos, cuenta para llevarla a cabo. Despedir, cerrar empresas, reducir los ratios de calidad en Sanidad o Educación, no son alternativa. Se trata de parches y, en algunos casos, de errores con graves consecuencias a corto, medio y largo plazo.

A lo mejor resulta que detrás del Plan de Ajuste no hay más que la obsesión enfermiza, merecedora de estudio clínico, de un presidente empeñado en matar al padre, en este caso representado por el Gobierno anterior y de manera especial por su presidente, Miguel Ángel Revilla. Que en medio de una rueda de prensa en la que se acaban de anunciar decisiones que va a costar el empleo a más de 1.000 familias de forma indirecta y a muchas más de manera indirecta, el presidente de Cantabria se dedique a ser irónico y llamar “Ley Revilla” a su anunciado proyecto de crédito extraordinario para hacer frente a insuficiencias financieras, es de una frivolidad que mete miedo. El último crédito extraordinario para pagar facturas fuera de presupuesto se aprobó en Cantabria en la primavera de 1991. Lo presentó el Gobierno de gestión, formado por todos los partidos del arco parlamentario (PSOE, PP, PRC y CDS), para solucionar los problemas creados por Juan Hormaechea, candidato independiente apoyado por el PP, que le perdonó todo, incluso quebrar la región, hasta que cometió el error de llamar a Aznar “charlotín” y entonces le retiraron la confianza. Creo recordar que eran 30.000 millones de pesetas gastados sin legalizar. Los medios de comunicación lo denominaron ‘presupuesto basura’, pero a. a nadie en el Gobierno se le ocurrió llamarlo “Ley Hormaechea”.

El presidente Diego está tan obsesionado con el pasado reciente y el Gobierno bipartito que incluso no perdona a alguno de los suyos que tome iniciativas públicas que puedan dar la sensación de que en la herencia socialista-regionalista no todo fue malo y abominable. Una reciente comparecencia de José Luis Gil, dirigente del PP, mentor de Diego en sus orígenes, ex consejero con Sieso y hoy catedrático de la Universidad, en unas jornadas sobre el desarrollo eólico en Cantabria, ha provocado tal ataque de cuernos en el presidente que, me cuentan, incluso ha renegado públicamente de su ‘padrino político’. Si los hechos son como los cuentan la consejera de Sanidad, Buruaga, debería activar de inmediato el servicio de psiquiatría, de muy alta calidad por cierto, del Hospital Valdecilla.
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