El presidente del Gobierno, Ignacio Diego, insiste en que las medidas de ajuste que hoy adoptará el Gobierno, eufemismo tras el que se enconde el despido de al menos 500 trabajadores de las empresas públicas, se justifica por la existencia de una deuda de 261 millones con las grandes empresas farmacéuticas. Pero el Gobierno no ha presentado ningún documento oficial que documente dicha deuda. Por otra parte, el 'ahorro' para las arcas públicas que supondría el depido de medio millar de trabajadores no superaría los 15 millones de euros anuales.

La Administración regional anunciará este jueves, al término del Consejo de Gobierno, las medidas estructurales y coyunturales con las que afrontar la deuda sanitaria, según ha anunciado el presidente, Ignacio Diego, quien ha subrayado que estas medidas de recorte "no nacen de la voluntad sino de la absoluta necesidad" porque las farmacéuticas exigen el pago de los 261 millones que les debe el Ejecutivo. Esta es la primera mentira del presidente. Segun Farmaindustria, la patronal del sector, y por tanto parte interesada, la deuda que tiene contraida el Gobierno de Cantabria a 31 de diciembre de 2011 es de 181 millones de euros, 80 menos de los que afirma el presidente del Ejecutivo regional.

El útimo dato oficial sobre la deuda farmacéutica de los hospitales de Cantabria -el pago a farmacias, a diferencia de CC AA del PP como Valencia, en Cantabria ha estado siempre al día- es el recogido en un documento de la Intervención General de diciembre de 2010 que situaba los pagos atrasados en la cantidad de 90 millones de euros.  El Gobierno PSOE-PRC entregó el documento oficial certificado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en el traspaso de poderes al nuevo Gobierno del PP. La deuda se  habia aflorado en 2009 de acuerdo con la Intervención General del Estado y se fue reduciendo hasta la cantidad citada. Por tanto, y si  las manifestaciones del Gobierno sobre el gasto de farmacia hospitalaria fueran ciertas, en 2011 la deuda habria aumentado en 171 millones de euros, sin que se aporten datos de cuánto es deuda nueva, cuánta, como afirman, deuda encontrada en los cajones -algo que el anterior Ejecutivo niega- y, sobre todo que parte de esa deuda se ha producido en los seis meses del Gobierno del PP. También si durante ese período se han pagado las facturas o se han ido dejando en el cajón.

Según ha podido saber AQUÍ CONFIDENCIAL el Gobierno ha intentado en varias ocasiones que la Intervención General de la Comunidad Autónoma certificase la deuda, documento que los grupos parlamentarios socialista y regionalsita vienen exigiendo. Hasta el momento ningún funcionario ha querido poner su firma en ese documento. Existen, por tanto, dudas razonables sobre la veracidad de las manifestaciones del presidente Diego y su Gobierno, con el agravante de que es ese dato, la deuda farmacéutica, la clave de bóveda del argumento que se ofrece para despedir 500 trabajadores, aprobar más impuestos y recortar el gasto social. 

Diego dice que el Gobierno ha intentado evitar "en la medida de lo posible" acometer medidas coyunturales, que serán "suprimidas o corregidas cuando la economía se recupere", y sólo adoptar las de carácter estructural que "garanticen viabilidad de futuro" y que se apoyan en un cambio de modelo de funcionamiento de la Administración autonómica. Pero la deuda farmacéutica y la devolución de los 400 millones al Estado "por esas veleidades en las que incurrió el Gobierno anterior" obligan al actual a hacer frente a una deuda financiera que compromete a la comunidad. Los 400 millones que Cantabria recibió de más del Gobierno central a los que Diego hace referencia son los que anunció  que compensaba con lo que el Gobienro central debía a Cantabria, según las reclamaciones presentadas al Ejecuivo socialista de Zapatero. Esa reclamación ha desaparecido de la agenda del presidente Diego tras la llegada de Rajoy a La Moncloa. Pero es que, además, el Ejecutivo regional tiene la posibilidad de devolver los 400 millones  en 10 años, a 40 millones anuales, y, además, mediante un préstamo del ICO, por tanto en ventajosas condiciones que no agravarían la situación financiera de la Comunidad Autónoma.

El presidente del Gobierno regional ha insistido en resaltar que  decisiones que va a tomar hoy, de las que piensa informar a los agentes sociales unas horas antes de darlas a conocer en rueda de Prensa,  son "trabajadas y elaboradas", no improvisadas, y que se adoptarán "en un solo paquete" para "no sorprender a los cántabros hoy con unas iniciativas y mañana con otras", Diego no ha querido precisar si incluyen una subida de impuestos, pero ha adelantado que parte de ellas son reformas legislativas que pasarán por el Parlamento y otras carácter administrativo, diseñadas por las consejerías.

También ha señalado que se acometerá una reordenación y reformulación de muchos procedimientos y una reestructuración de la propia administración para hacerla más eficiente, lo que incluye el adelgazamiento del sector público empresarial, eufemismo pra referisrse a los depidos, que podrian afectar a Cantur, MARE (Medio Ambiente, Agua Residuos y Energía), SEMCA (Servicios de Emergencia de Cantabria), Sociedad Regional de Cultura y Deporte, y Sodercán (Sociedad para el Desarrollo de Cantabria).

Diego hizo las anteriores  declaraciones tras la reunión habitual del Grupo Parlamentario Popular, en el que ha dado a conocer a sus integrantes las decisiones que adoptará hoy jueves el Consejo de Gobierno. Porque, ha dicho, ha llegado el momento de tomar medidas ya que sino Cantabria estaría abocada al colapso.

El presidente, que ha denunciado que su Ejecutivo ha estado gobernando seis de los siete meses y medio que lleva "con las dos manos atadas a la espalda" por los gobiernos regional y central, ha garantizado a los cántabros que su Administración "va a cumplir con sus obligaciones", como son "mantener y mejorar los servicios públicos" de santidad, educación y prestaciones sociales, y fomentar el crecimiento de la coyuntura económica para crear empleo.

Y eso pasa por "adoptar medidas absolutamente necesarias para evitar el colapso financiero de la comunidad, garantizar los servicios que se están prestando y por convencer a los cántabros que este Gobierno sabe las medidas a adoptar, lo va a hacer con decisión y con ello va a futuro a Cantabria".

"Es un paquete de iniciativas, medidas y reformas que garantizan la viabilidad de la autonomía, la capacidad de prestar los servicios con parámetros de calidad y por otra parte, la capacidad del Gobierno de Cantabria. Porque detrás de estas medidas de recortes, el Gobierno pondrá sobre la mesa medidas que generarán ilusión y confianza en la capacidad de Cantabria, trabajando en objetivos concretos, a corto medio y largo plazo, en el marco de la búsqueda del consenso, y garantizarán un futuro esperanzador y de confianza".