El Consejo Económico y Social (CES) de Cantabria tienen la obligación de  informar sobre la ley que forzará su suspensión temporal, medida aprobada la semana pasada por el Gobierno regional dentro de sus planes de ajuste. Sera su última aportación a la legalidas, después de la enésima chapuza del Gobierno que deja en suspenso un organismo creado por Ley del Parlamento.

En el paquete de medidas, se incluye una ley para el reconocimiento de los 261 millones de euros sanitaria, y otra que recogerá los cambios normativos y legales necesarios para ejecutar esas medidas. Esa ley, llamada de Medidas Administrativas, Económicas y Fiscales, tendrá una tramitación simultánea y funcionará de modo similar a la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos.

Sobre ella, tendrá que informar el CES, al igual que hace este órgano consultivo con el resto de leyes, según les ha trasladado el presidente cántabro Ignacio Diego a sus representantes, encabezados por el presidente del Consejo, Javier Gómez-Acebo.

Diego ha justificado su decisión en "razones objetivas" de carácter económico, enumerando el déficit de la comunidad, la deuda sanitaria y los anticipos de la financiación autonómica que Cantabria debe devolver al Estado, y que, en estos términos, resulta "inviable".

Por eso, el Gobierno regional adoptó una serie de "reformas estructurales" junto a otras medidas que, en el caso del CES, desconoce hasta cuando durarán.

Diego no ha dado detalles sobre las medidas complementarias de estímulo económico a las que apuntó la semana pasada, que se debatirán con los agentes sociales.

Por su parte, Gómez-Acebo ha asegurado que "entiende" las razones alegadas por Diego, aunque no las "comparta", si bien ha evitado opinar más, argumentado que no conoce las cifras manejadas por el presidente para "cuadrar" sus medidas o si los recortes se podrían haber realizado de otra manera,

Con todo, ha reiterado la "absoluta lealtad" del órgano suspendido, matizando que es la postura del CES en cuanto a ente institucional, diferente de la de los agentes sociales (sindicatos, patronal, profesionales de prestigio) que lo conforman.