Mientras el presidente Ignacio Diego se encuentra de 'fiesta' en Sevilla, donde hoy se reelegirá plebiscitariamente a Rajoy al frente del PP, 2.000 trabajadores del sector público de Cantabria esperan saber cual será su futuro. Que les comuniquen si son uno de los 300 -según datos de la consejera Cristina Mazas- que perderán su puesto de trabajo. El Gobierno regional tiene elaborada ya la lista de los que van a ser despedidos, pero pretende amortiguar el impacto público mediante un goteo de notificaciones que está provocando situaciones de extrema tensión en las plantillas de las empresas afectadas. Fuentes sindicales achacan la forma de actuar del Ejecutivo regional al intento de quitar argumentos a la manifestación contra la reforma laboral que tendrá lugar este domingo en Santander. Entre despidos y contratos de interinos que quedan en suspenso son más de 1.000 los trabajadores afectados por el Plan de Ajuste de Diego.

Las decisiones están tomadas y los nombres en manos de los directores o gerentes de las empresas públicas afectadas. El Gobierno de Diego lo que hace, por tanto, es ganar tiempo, intentar aminorar el impacto de unas medidas de gran calado social, impopulares y que, cada día que pasa ponen más en evidencia que no son la solución a la crisis ni tienen que ver no las promesas electorales que pregonaba el PP desde la oposición.

Según los datos recabados por Aquí Confidencial el grueso de los despidos, posiblemente del orden de 200, se producirá en Cantur y en dos fases. Los primeros 100 despidos se llevarán a cabo en los próximos días y el 99% afectará a mileuristas, integrantes de las escalas laborales y salariales más bajas. El resto perderá su puesto de trabajo de forma indirecta, al privatizarse determinadas actividades. El Gobierno de Diego, a diferencia del bipartito socialista-regionalista, no considera la posibilidad de privatizar la gestión, como en El Soploa, con resultados positivos, sino de 'vender' parte de Cantur. Entre los trabajadores de la empresa pública se barajan los nombres de quienes serán los 'afortunados', ya que la privatización afectará a los servicios que son rentables. No se establecerán garantías previas para el mantenimiento de los puestos de trabajo y menos aún los salarios actuales.

El otro gran recorte de personal, alrededor de medio centenar de trabajadores, se producirá en MARE, la empresa encargada del tratamiento de los residuos y las políticas medioambientales. En este caso también la tijera afectará al personal no cualificado. No se trata de que sobren trabajadores, sino de que al tratarse de 'peones' son fácilmente sustituibles. Pasados unos meses los puestos de los despedidos, a los que el sectarismo del Gobierno del PP identifica con los gestores anteriores, serán cubiertos por otros contratados, seleccionados por el PP. Lo mismo podría suceder en Cantur.

GOTEO DE DESPIDOS

Habrá goteo en Sodercan y otras empresas públicas que desaparecen o se fusionan: en los Servicios de Emergencias de Cantabria (SEMCA), en la Fundación Marqués de Valdecilla o en el PCTCAN. Pero también habrá despidos en instituciones como el Consejo Económica Social, el Consejo de la Mujer o el de la Juventud. Emprendiser, incluida en el listado de empresas públicas está ya privatizada. Sus casi 600 trabajadores, cuya fusión era la atención a personas dependientes, pasaron al sector privado por decisión del anterior Gobierno regional, que si garantizó la mayor parte de los derechos laborales y, sobre todo, el mantenimiento de la calidad asistencia prestada en aplicación de la Ley de la Dependencia.

En todo los casos de las empresas públicas los despedidos se justificarán por la insuficiencia presupuestaria. Pero en este asunto el Gobierno regional es juez y parte. Las insuficiencias presupuestarias de empresas que dependen del Presupuesto regional, que no están en el mercado ni tienen ingresos privados -con la excepción de algunos servicios de Cantur- las genera el propio Ejecutivo regional al recortar sus aportaciones. Así que primero le quita la financiación, lo que afecta no solo a su solvencia económica sino a las funciones que debe llevar a cabo, y luego despide al personal porque no hay dinero ni tampoco trabajo que hacer.

Los partidos políticos y sindicatos están convencidos de que el Gobierno regional ha buscado la solución más fácil, la que habitualmente adoptan los "peores empresarios": reducir la masa salarial sin tener en cuenta si con ello se pone en peligro la supervivencia de la empresa. Para los sindicatos resulta incomprensible que el presidente Diego "se ponga en la pancarta con los trabajadores de Teka y muestre su oposición a los despidos y al día siguiente sea él mismo quien firma la carta de despido de tres veces más trabajadores de los que la multinacional alemana quiere poner en la calle". "¿Estará este domingo Diego llevando la pancarta contra los ajustes y despidos y la reforma laboral?", se preguntaba ayer irónicamente un dirigente sindical.

DETERIORO DE LA SANIDAD Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Un cálculo aproximado de los efectos del Plan de Ajuste de Diego, realizado por los sindicatos y que comparten los partidos parlamentario de la oposición, eleva a más de 1.000 los afectados por las medidas tomadas por el Gobierno del PP. A los más de 300 despidos directos habría que sumar los interinos que perderán su trabajo o la posibilidad de ser contratados. Se calcula que entre Sanidad y Educación puede haber entre 700 y 800 afectados. El aumento de las jornadas laborales en educación y sanidad y la ampliación del número de alumnos por aula 'justifica' la no contratación de interinos, pero en absoluto garantiza las misma calidad en las prestación del servicio.

Fuentes sindicales avisan del deterioro que se puede producir en la calidad de la sanidad y la educación públicas. "El recorte al estado del Bienestar que el PP negó se fuera a producir ya ha empezado; lo que no sabemos es donde va a terminar", señalaba a este confidencial un sindicalista, para añadir que "hay que decir muy alto y muy claro que no lo vamos a permitir y este domingo tenemos la ocasión de manifestarlo en la calle", añadió en referencia a la manifestación que tendrá lugar mañana domingo en Santander y en el resto de las capitales españolas.