Las Comisiones de Investigación tienen por objeto aclarar hechos para determinar responsabilidades políticas y, si fuera el caso, y existieran pruebas de posibles delitos, dar cuenta de ello a la justicia para que actúe en consecuencia. Ese es el espíritu, pero otra cosa muy distinta es su aplicación practica. El PP montó la comisión de GFB como parte de la estrategia para demonizar a una oposición que antes fue Gobierno. A lo largo de los meses transcurridos los esfuerzos de los populares por convertir en hechos probados sus acusaciones no han avanzado ni un milímetro, pero no quieren renunciar a que el espectáculo continúe. Aunque para ello nos sonrojen a todos convocando en sede parlamentaria a bufones, periodistas que son la voz de su amo y ex consejeros con cadáveres en el armario.

La oposición, antes Gobierno, se encontró pillada en trampa por la decisión del PP de crear una Comisión de Investigación en torno a la gestión del proyecto para crear una gran empresa dedicada a la fabricación de fibroyeso en Orejo. A estas alturas, y también en octubre cuando se creó la Comisión, ya es público y notorio que el proyecto falló por la poca implicación del socio privado y, sobre todo, por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la paralización del sector de la construcción. Del fracaso se salvaron unas excelentes instalaciones totalmente terminadas que, según los que saben de esas cosas, podrían comenzar a funcionar y producir si encuentra mercados para sus productos, por supuesto fuera de España.

Un dato importante a tener en cuenta es que las instalaciones de GFB han estado varios veces a punto de ser vendidas, pero lo impidieron las interferencias políticas, las informaciones de un medio de comunicación manejado por el PP y las criticas parlamentarias de este partido que siempre arreciaron coincidiendo con la recta final de las negociaciones. Es imposible saber si en una situación de normalidad política la venta se habría producido. Pero lo que si parece evidente, y ahí están los datos, es que el Gobierno del PP ahora pretende ‘regalar’ las instalaciones. La posición del peritaje judicial, tras la quiebra de la sociedad, es que el valor de marcado de GFB es el doble de lo que ofrece la alemana Fermacell GmbH, del Grupo Xella, principal productor mundial de fibroyeso, y que el Gobierno de Diego da por bueno.

Vender barato forma parte de la estrategia del PP para corroborar su acusaciones de mala gestión, pero ¿y qué pasa con las acusaciones de corrupción? En el colmo de los despropósitos la diputada del PP, que lleva la voz cantante en las denuncias de irregularidades, convierte en escándalo, con la siempre sumisa colaboración de El Mundo de Cantabria, los regalos navideños de la empresa. Y quien lo hace tiene pendiente dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades, que de probarse constituirían un delito urbanístico, en la construcción de su residencia familiar. La viga y la paja. Pero es uno más de los despropósitos de una comisión, donde el segundo de María Antonia Cortabitarte, la acusadora principal, es Carlos Bedia, miembro del Consejo de Administración de Sodercan que aprobó todo lo relacionado con la operación GFB. Juez y parte.

Las responsabilidades políticas de una deficiente gestión en el caso GFB, un proyecto heredado del Gobierno de Sieso al que la crisis económica y el fin del ciclo expansivo de la construcción terminó por hundir, quedaron resueltas con las elecciones del 22-M que dieron la victoria al PP y acabaron con el Gobierno de coalición entre socialistas y regionalistas. No es esa mi opinión, pero si la que defiende el PP cuando los fracasos son suyos, por ejemplo en Valencia o Murcia. Los electores no depuran responsabilidades, no andan tan finos, pero los populares lo utilizan como argumento cuando les conviene. Por tanto la Comisión de Investigación tendría sólo sentido si sirviera para demostrar que existen otro tipo de responsabilidades, penales, por ejemplo, de las que mucho habla el PP –ahora y en los últimos cuatro años- pero sobre las que no aporta prueba alguna. Son únicamente bravatas- Si hubiera algo más ya lo habrían llevado al juzgado. Quizás la experiencia de tantos fallos anteriores en contra, les hace ser más precavidos y buscar réditos políticos manteniendo artificialmente casos que durarían en un juzgado menos que un pastel a la puerta de un colegio .

Es lo que socialistas y regionalistas han manifestado al retirarse de la comisión de Investigación, decisión que les ha valido la descalificación del Presidente, que les acusa de mandar despóticamente cuando estaban en el Gobierno y de intentar hacerlo ahora también desde la oposición. La acusación viniendo de alguien que acaba de cargarse la representación del CES, del Consejo de la Mujer y del de la Juventud, que pretende reducir por la brava el número de diputados para asegurarse una mayoría, o que despide a mil trabajadores utilizando una reforma laboral que agrede a derechos básicos de los trabajadores, no merece mayor comentarios.

Así que, ya solos al fin y sin coros, los populares pretendan que pasen por la Comisión ex funcionarios bufones dispuestos a repetir acusaciones sin pruebas con las que se han paseado por los medios de comunicación de derechas. O de periodistas de investigación, que en realidad se dedican a publicar lo que les mandan, para que luego el mandatario pueda preguntar al mandado por lo publicado. O que acuda a dar explicaciones sobre GFB el ex consejero del PP Juan José Fernández, que todavía no ha aclarado ni en el juzgado, donde el caso se encuentra, ni ante la opinión pública de Cantabria, como fue posible que en sus narices una empleada infiel, a la que entregó todos los poderes, defraudará un millón de euros de dinero público en Mercasantander.

Los citados son algunos de los próximos comparecientes de un show que cerrará, previsiblemente, el presidente Diego. De éste se espera, como no, un gran discurso sobre los males del pasado, pero ninguna propuesta sobre el presente y menos aún proyectos de futuro. Tal vez con la excepción de la confirmación de que, al final, las magnificas instalaciones de Orejo se le ‘regalan’ a la empresa alemana. Pido una comisión de Investigación para determinar por qué y en base a qué criterios se vende a precio de todo a cien los bienes del Gobierno de Cantabria. Para que conste.