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¿Fue desprecio democrático o cobardía?
Comprendo que no es fácil armar un discurso, no ya creíble sino al menos entendible, sobre el comistrajo del Plan de Ajuste del Gobierno Diego. Sobre todo si hay que hacerlo en un debate sin trampas. Las ruedas de prensa con atril imponen lo justo para que no haya preguntas impertinentes. Permite que un Gobierno lleno de tics autoritarios, que desprecia las más elementales normas democráticas, se sienta agusto. El Ejecutivo del PP, al frente del cual se encuentra un personaje al que sólo se le ve en el hemiciclo cuando toca votar, decidió ayer, en una actitud sin precedentes, que lo mismo puede significar desprecio a la cámara que cobardía, no defender su ley de Ajustes de las enmiendas a la totalidad presentadas por regionalistas y socialistas, estos últimos, además, con texto alternativo.

Resulta inaudito que ningún miembro del Gobierno suba a la tribuna de oradores para defender ante los representantes del pueblo de Cantabria una ley que, según han repetido en innúmeras ruedas de prensa, es la única vía posible para salvar a Cantabria del desastre, acusan, heredado del Gobierno anterior. Que tampoco lo haga en el turno en contra el Grupo Popular forma parte de una utilización torticera del ordenamiento reglamentario de los debates. Al PP le habría seguido la fijación de posiciones de socialistas y regionalistas, que podrían haber rebatido los argumentos populares, mientras que utilizando sólo la última intervención, para la fijación de posiciones, el debate lo cerraba ellos. Y así fue, dejaron para el final la traca, aunque la crítica de Julio Bartolomé sería ampliamente superado por intervenciones posteriores que, viniendo o no a cuento, sirvieron para desgranar las habituales interpretaciones partidistas del pasado, para mentir y difamar sin posibilidad de defensa de los ofendidos. Todo para intentar convencer al respetable de que las medidas que se proponen tomar, pagaderas en recortes de derechos, libertades y prestaciones para la inmensa mayoría de los cántabros, no son por su voluntad propia, sino forzados por la herencia recibida.

Desde el inicio de la legislatura el PP ha venido vendiendo la idea que los responsables de subir los impuestos, reducir prestaciones sociales, recortar derechos de negociación colectiva o cercenar las libertades no son los que toman esas decisiones sino la oposición, que antes fue Gobierno, por haberse conducido con irresponsabilidad y de forma derrochadora. También el pasado les sirve de excusa para no cumplir el programa electoral ni ninguna de las promesas hechas antes, durante e inmediatamente después de la campaña. Es una visión segada de los 8 años en que gobernó la coalición PSOE-PRC donde se elige todo aquello que, sacado fuera de contexto, pueda perjudicar la imagen de los opositores de hoy, Gobierno ayer. Visto desde la lucha política partidista ningún pero al intento de obtener ventaja, aunque recurrir a falsedad para intentar destrozar al contrario envilezca más al atacante que el atacado Pero lo más grave no es que tal actitud demuestre una ausencia total de limpieza de juego sino el efecto practico que dicha forma de actuar, que se materializa en la sistemática eliminación de todos los proyectos heredados, tiene sobre el presente y le futuro de Cantabria.

Tras un año del Gobierno del PP en Cantabria son más que evidentes los daños causados como consecuencia de las no-medidas adoptadas en los primeros meses y de las que se comenzaron a tomar en el momento en que se produjo la victoria electoral del 20N, cuando ya creen que hay margen temporal y de votos suficiente para adoptar decisiones impopulares, las más dudosamente necesarias, todas injustas y nada equitativas. No hay más que salir a la calle y ver cuantos colectivos agraviados manifiestan públicamente su protesta. Trabajadores públicos, enseñantes, sanitarios, estudiantes, ancianos, bomberos …

Tener la mayoría en el Parlamento de Cantabria o en el de España no es un cheque en blanco para hacer y deshacer sin control ni explicaciones. El funcionamiento democrático, la pedagogía política, tan necesaria en estos tiempos difíciles y convulsos cuando crecen los populismos de distinto signo y los grupos antisistema, exige un respetuoso cuidado con las formas. Por ejemplo, no hurtar al Parlamento, ya sea regional o nacional, el debate y el contraste de opiniones sobre leyes, proyectos o ideas. Probablemente, y en eso coinciden analistas españoles y europeos, gran parte de la crisis de confianza de los mercados y la UE en España, que nos está costando la caída en picado de la bolsa y la subida a los cielos de la prima de riesgo, tenga mucho que ver con un presidente del Gobierno ‘desaparecido’. Rajoy elude dar cuenta en el Parlamento de situaciones de extrema gravedad, como la nacionalización de Bankia, y también rehuye las ruedas de Prensa.

En Cantabria Diego ha copiado de sus mayores la alergia del Parlamento. Ya se sentó un precedente grave cuando ordenó a su grupo parlamentario que impidiese la comparecencia ante la Cámara para explicar cómo afectaba a Cantabria el recorte de 10.000 millones de euros en Santidad y Educación. Un segundo recorte a los derechos de los parlamentarios de la oposición llegó al negárseles la posibilidad de convocar a varios consejeros para que explicaran en comisión el proyecto de Ley de Ajustes. La solitaria intervención de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, debería habernos puesto sobre aviso de lo que tenían preparado para el debate de las enmiendas a la totalidad.

Díaz utilizó el primer turno para hacer una lectura comentada del texto del proyecto de ley y el segundo, ya sin opción a ser contradicha, para justificar las impopulares, innecesarias, improvisadas, injustas e ineficientes medidas, lo que hizo según el argumentarlo popular de la herencia recibida. Faena de aliño donde nunca pretendió defender la bondad del contenido del proyecto de ley, por otra parte misión imposible, sino cargar sus efectos sobre la oposición. Este guión, que cuenta con entusiastas defensores y propagandistas en los medios de comunicación afines, que son la gran mayoría, ha sufrido algunos contratiempos por decisiones tomadas demasiado a la ligera. Por ejemplo el anuncio del cierre de la Residencia de La Pereda, paradigma no solo de cómo el gobierno conservador de Diego entiende las políticas sociales, sino de las formas prepotentes y autoritarias que está poniendo en marcha en Cantabria.

La lucha por las libertades es, ha sido, un proceso lento y costoso. Subir una empinada cuesta no es fácil, pero rodar por ella casi no precisa esfuerzo. Un empujón basta. El Gobierno de Diego está empeñado en despeñar las libertades y derechos, en reducir al mínimo nuestro autogobierno, y no le importa si para ello tiene que detener el reloj político y económico de Cantabria. No podemos consentir que pretendan lograr una región atemorizada, allanada ante el robo de su identidad, que no reacciona en defensa de sus derechos, que da por bueno que se dedique más dinero a una universidad privada que a una pública, que permita que se potencien residencias privadas de ancianos mientras se cierran las públicas, que permite que se expulse del sistema sanitario a los pobres, o que prefiere teleféricos y campos de golf a plantas de bioetanol y el desarrollo de las energías renovables. Cantabria tiene futuro, mal que les pese a los que, cual Nerones de pacotilla, pretenden ‘refundar’ la comunidad sobre sus ruinas, después de haber metido fuego.
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Rodríguez Argüeso y Cabrero antes del pleno

Leticia Díaz y Esther Merino antes del debate

Leticia Díaz y Calderón antes del Pleno

Alodia Blanco interviene en el Pleno

Diego en su escaño

Francisco Fernández Mañanes interviene en el Pleno

Julio Bartolomé interviene en el Pleno

Escaños del Grupo Popular

Juan Guimerans interviene en el Pleno

Vista general del hemiciclo durante el debate

Eva Bartolomé interviene en el Pleno

Carlos Bedia interviene en el Pleno

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