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El juzgado confirma la orden de subasta de la pareja de Guriezo para este viernes
Banesto no acepta la dación en pago de una familia de Torrelavega
Cantabria Torrelavega/Besaya | Fecha de publicación: 23/05/2012 20:07
Movilzaciones contra los desahucios
Movilzaciones contra los desahuciosAgencias
AGENCIAS
Juan Ramón Gómez Fuentes y su esposa Milagros Peña son un matrimonio residente en Torrelavega que podrían perder su casa después de que Banesto, el banco con el que tenían la hipoteca haya rechazado su solicitud de la dación de pago, es decir, de devolver la vivienda ante la imposibilidad de pagarla y saldar de esta forma su deuda.

Este caso se suma al de Oscar Leal e Iratxe Justel, una pareja vizcaína pero residente en Agüera (Guriezo), que están citados el próximo viernes, día 25, para la subasta judicial de su vivienda.

Desde Torrelavega, Juan Ramón y Milagros explican su caso a Europa Press: él lleva varios años en el paro, pues su trabajo (soldador de tela asfáltica) estaba relacionado con la construcción, y en la actualidad sólo tienen como ingresos 426 euros, la ayuda familiar por el desempleo.

Tienen tres hijos y deben afrontar una hipoteca de 700 euros que les ha sido imposible pagar desde noviembre, por lo que se plantearon la posibilidad de "ser libres", "empezar de cero" y usar la figura de dación en pago aprobada recientemente.

El problema que se encontraron y del que avisan a otros posibles perjudicados es que la aceptación de la dación en pago, para la que cumplían todos los requisitos, es voluntaria por parte de la entidad financiera. Lo que les planteó el banco fue quedarse con la vivienda, pero ellos tendrían que seguir abonando una deuda de 100.000 euros.

Ahora viven con la "cadena perpetua" de sentir que "en cualquier momento" les puede llegar la orden de desahucio, lamentan, en un proceso en el que están recibiendo el asesoramiento de la Oficina de Torrelavega para desahucios y de representantes del 15M.
LA PAREJA DE GURIEZO

Por su parte, a Oscar e Iratxe han informado a Europa Press de que el juzgado de Castro ya les ha notificado que la subasta de su vivienda será el viernes 25 a las 10 de la mañana, una medida contra la que han presentado una apelación dentro de un caso en el que existen denuncias por estafa contra quien les vendió un inmueble prefabricado con numerosos defectos.

Ese día estarán acompañados de familiares, amigos y representantes de la plataforma Stop Desahucios en Vizcaya (que, junto a miembros de Democracia Real Ya -DRY- les han estado asesorando, pues en Cantabria aún no existe esa plataforma específica de desahucios),

Esta pareja vizcaína, residente en Agüera (Guriezo) y con una hija, verá como es subastada una casa en la que llevan años sin vivir debido a que sus condiciones la hacen "inhabitable", tras haber suscrito un crédito y quedar en el paro uno de sus miembros.

La vivienda la adquirieron en 2006, tras suscribir un préstamo con La Caixa por un importe de aproximadamente 240.400 euros.

Pronto comenzaron los problemas: humedades en los baños y olores a aguas fecales cuando llovía. Tras examinar la vivienda, distintos peritos determinaron que todo se debía a problemas de cimentación.

La situación comenzó a pesarles, con problemas de salud mental y una baja laboral por depresión, a lo que se sumó, hace dos años, el despido de Oscar de la empresa de reciclaje de Vizcaya en que trabajaba.

En esa situación, no pudieron hacer frente a la hipoteca de una casa en la que ya hacía tiempo que no residían, pues era "inhabitable" y la pareja tuvo que optar por el alquiler.

De modo que sumaron a los 1.200 euros que les supone al mes el pago de la hipoteca los 400 que tienen que pagar de alquiler, sólo con el sueldo de Iratxe, mientras Oscar sigue desempleado.
DESHAUCIOS

Un total de 691 familias cántabras fueron desahuciadas en 2011, un cifra que coloca a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con menos ejecuciones hipotecarias de España --por detrás de La Rioja y Navarra--.

Desde el año 2007, cuando comenzó la crisis económica, y hasta 2011, el número de desahucios se eleva a 2.997 en la región y a 315.000 en toda España.

Por ello, los sindicatos CC.OO. y UGT de Cantabria y la Red Cántabra con la Pobreza y la Exclusión Social se han sumado a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por diversos agentes sociales catalanes, para que se regule la dación en pago, se paralicen los desahucios y se fomente el alquiler social.

El objetivo es recoger, en todo el territorio nacional, un total de al menos 500.000 firmas, antes del 31 de octubre, para poder llevar al Congreso de los Diputados una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil con la que los afectados puedan liquidar su deuda mediante la dación en pago, o quedarse en ella pagando un alquiler social.

La dación en pago permite entregar la vivienda a la entidad financiera acreedora a cambio de quedar libre de la deuda, y el alquiler social, seguir residiendo en la vivienda pagando una cantidad no superior al 30 por ciento de los ingresos mensuales por un periodo máximo a cinco años.

Además, la ILP también pretende que se paralicen los desahucios, siempre que se trate de una vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario se deba a motivos ajenos a la propia voluntad, como el paro o una enfermedad.

En Torrelavega ya existe una comisión, formada por Ayuntamiento y sindicatos, que se dedica a mediar entre la entidad financiera y los afectados por desahucios, y que ya ha conseguido acuerdos de dación en pago y alquileres sociales.

Las firmas se recogerán en las sedes de CC.OO., UGT y la Red Cántabra contra la Pobreza y la Exclusión Social, en actos públicos que éstos realicen, y en diferentes asociaciones.
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