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El PP no hará sangre con la ‘herencia’ (la suya)
| Fecha de publicación: 27/05/2012
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Víctor GIJÓN
 
Desde el PP el mensaje llegó alto y claro este fin de semana: No somos inquisidores, no vamos a hacer juicios al pasado, ni estamos aquí para depurar responsabilidades de los anteriores gestores. Y me digo, ¡albricias!, al fin una nota de cordura, de sentido democrático y responsabilidad política. Pero paren la música, que no siga sonando el Himno a la Alegría. Porque el PP sólo esta dispuesto a no mirar el pasado, a no hacer leña de la herencia recibida, cuando se trata de la suya. No sirve de nada, ha dicho De Guindos y otros cualificados dirigentes populares, investigar por qué y quién es responsable de que Bankia tenga que recibir 23.500 millones de dinero público. Rodrigo Rato y sus antecesores en el cargo, todos del PP, han sido declarados inocentes y caso cerrado. Del mayor agujero económico de la democracia a día de hoy la culpa es del cha-cha-cha. Mañana ya encontrarán la forma de endosarle la responsabilidad a los socialistas.

Mientras el Gobierno de España saca dinero de donde no lo hay -no al menos para mantener el Estado de Bienestar - y evitar que Bankia se hunda, los ciudadanos de a pie no tenemos derecho, en docta opinión de los populares, a conocer por que se llegó a esa situación y quién o quienes no tomaron medidas para parar la bola de nieve. Echar la culpa a la burbuja inmobiliaria plantea algunos problemas. Por ejemplo que la mentada burbuja crece y se desarrolla gracias a decisiones políticas tomadas por el Gobierno Aznar y su equipo económico, al frente del cual les recuerdo que se encontraba Rato como vicepresidente económico. Así que el sainete del alguacil alguacilado, describiría bien lo ocurrido. Quien parió la burbuja muere a causa de su estallido.

Pero no sólo de las inversiones arriesgadas en el negocio inmobiliario vienen los lodos de Bankia. También se dieron créditos milmillonarios a empresarios amigos, como Díaz Ferrán, el otrora patrón de patrones, hoy bi-procesado por sus quiebras fraudulentas. Y se invirtió en grandes proyectos institucionales, decididos por los Gobiernos del PP en Madrid y Valencia, que han generado perdidas astronómicas. ¿Quién analizó los riesgos? ¿Quién determino la viabilidad de los proyectos? ¿No era Esperanza Aguirre, en Madrid, y Francisco Camps, en Valencia, quines decidían a quién, cómo y en qué condiciones se daban los créditos preferentes, los grandes, a intereses de risa, que son los que ahora engrosan la gran bolsa de fallidos? La única decisión que Aguirre no pudo tomar, aunque lo intentó, fue la de colocar a su número 2, Ignacio González, al frente de Caja Madrid cinco minutos antes de convertirse en Bankia. Le ganó por la mano Rajoy que no sabía que hacer con Rato, regresado de presidir el FMI sin haberse enterado de la crisis mundial, y al que había que dar un sueldo y una ocupación que le hiciera desistir de su regreso a la política. Seis millones de euros al año, más otros complementos y sinecuras, son poderosas razones para renunciar a meterse de nuevo en política.

Pues bien, ya sabemos, que el PP abandona la cantinela de la herencia recibida, pero sólo cuando se trata de la suya. De la de los demás seguirá hablando. El esperpento popular, la desfachatez y cara dura, ha llegado al punto de considerar que la aparición forzada del déficit oculto de Madrid, Valencia, y en menor cuantía de Castilla y León y Galicia, en total 4.000 millones de nada, y tres décimas más a añadir al déficit, no son motivo para el tirón de orejas a los presidente se esas Comunidades Autónomas, todas del PP, sino causa de felicitaciones. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, los felicitó por el ejercicio de transparencia. Una lástima que Europa no piense lo mismo y nos haya colocado en la lista de los mentirosillos, junto a Grecia. Por eso nos mandan inspectores y van a controlar el saneamiento bancario, lo cual es de agradecer, toda vez que las consultoras privadas a la que el Gobierno de Rajoy va a pagar un pastón por decir cómo está el sistema financiero español han sido contratadas en el mercado de los fiascos, con un pasado de errores de juicio que es para ponerse a temblar -los bancos que declaraban solventes hoy, quebraban al día siguiente-.

Así que en todo lo demás que no sea Bankia y las comunidades del PP la monserga de la herencia continuará igual un año después de las elecciones del 22 de mayo de 2011 que produjo cambios de gobierno en varias comunidades autónomas, entre ellas Cantabria. Tampoco es contradictorio que el presidente Diego se dedique a inaugurar o pasear por obras o proyectos heredados sacando pecho como si fueran obra suya. Hace unos meses tuvo la desfachatez de ponerse en primera fila en la inauguración del Centro de Proceso de Datos del Santander, proyecto que desde la oposición intentó abortar por todos los medios. Esta semana se paseaba, ufano y sonriente, por las naves de la vergüenza, entre la maquinaria que era chatarra, y junto a unos alemanes que, a pesar de lo que decían el propio presidente regional y su partido sobre GFB, un monumento al despilfarro y a la incompetencia, donde se había tirado dinero público sin utilidad alguna, creen poder hacer dinero de la fábrica de fibroyeso de Orejo. Por si acaso, no vaya a ser verdad que haya negocio, Diego ha aceptado que el Gobierno forme parte del Consejo de Administración de la nueva empresa. Le propongo dos candidatos: Marina Antonia Cortabitarte y Carlos Bedia. Si no puedes ganar al enemigo, y eso dos diputados han intentado acabar con GFB por todos los medios, únete a él. Y si además te pagan dietas miel sobre hojuelas.

El que tiene cada día más complicado mantenerse a flote con la herencia, en este caso suya, y administrar el presente, es el alcalde de Santander. Sutil batalla la que libran Íñigo de la Sena y Ignacio Diego. Si un día el responsable de urbanismo del Ayuntamiento de Santander, Cesar Díaz, expresa su deseo de que el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad esté aprobado para el verano, y anuncia que pondrá todos su empeño en ello, al siguiente el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Fernández, le aplaza el suceso hasta octubre. De la Serna y Diego ya no se molestan en ocultar su diferencias y sólo parecen juntos cuando hay terceros por medio. En los actos que organiza solo el Ayuntamiento pasan de Diego y en los que el organiza el Gobierno se olvidan de la existencia de De la Serna.

En la semana de la genuflexiones, rodillas hincadas o por hincar y pechos inhiestos, De la Serna y Diego se han prodigado. Si Diego dice que no hincará la rodilla ante su partido en Madrid en la defensa de Valdecilla, el alcalde, menos histriónico, dice que bajo ningún concepto ha renunciado a conseguir la Carta de Capitalidad. Valdecilla no está en los Presupuestos Generales del Estado ni se le espera. La carta de capitalidad quedó fuera de las cuentas regionales aprobadas por el Ejecutivo del PP y tampoco parece que vaya a ser asunto a tener en cuenta en los próximos años.

No puedo imaginarme el escándalo, la campaña mediática, que De la Serna habría lanzado por el olvido imperdonable de la consideración de capitalidad de Santander, si los autores de tal desafecto fueran los rivales políticos. Pero no esperarán que al alcalde, posiblemente el político regional con más futuro, tire todo por la borda porque no hay química -ni nada de nada- con el presidente regional, por mucho que ambos sean del mismo partido. Así pues nada de aspavientos, sino mucha moderación, unas gotas de resignación y suaves toques de atención. Como por ejemplo con el convenio para la reordenación del espacio ferroviario, que estaba a apunto de firma con el Gobierno socialista-regionalista en Cantabria y el del PSOE en España, y que está empantanado pese a que el PP gobierne en Santander, Cantabria y España.

En el caso de Frente Marítimo, donde tampoco hay oposición representada, y ante la evidencia de que, si se eceptuar el Centro Botín que paga el banquero, y la obligada ampliación del CAR de Vela, no va a haber mucho más que rascar, el alcalde De la Serna se saca de la chistera la posibilidad de convocar un concurso de ideas, que sirven para lo mismo que las comisiones. Cuando se quiere enterrar un problema, aparcarlo bien por voluntad propia, bien por incapacidad para afrontarlo, o porque sabes que no te lo te lo van resolver, se crea una comisión o se convoca un concurso de ideas. Bien vale gastar unos cuantos miles de euros se con ellos se echa tierra sobre la cagada para que no huela. Así que tendremos concurso de ideas para el Frente Marítimo. Y también para el Centro de Mayores de la Pereda cuando sean definitivamente desalojados ancianos y trabajadores.

¿Pero que concurso de ideas se puede hacer sobre el centro de La Pereda? Si, como dice el alcalde -en realidad se limita a reproducir lo que pone en el PGOU, que aunque pendiente de aprobación mantiene el área como dotación socio-sanitaria- en el solar de la Pereda no se puede hacer otra cosa que no sea mantenerlo como público, no se que sentido tendría un concurso de ideas como el anunciado en días pasados por Diego. Menos sentido aún tiene la idea, igualmente avanzada por el presidente de Cantabria, de la venta. ¿Quién compraría un solar en el que sólo se puede construir un centro público o uno jardines con columpios? Pues si que habría interesados, seguro, porque quien hace la ley hace la trampa. Se puede tirar la Pereda y levantar La Nueva Pereda. Una residencia de superlujo sobre suelo de propiedad pública, pero con gestión privada, cedida por 30 años, por ejemplo, a cambio de que la empresa que explote el centro, sólo al alcance de quien se lo pueda pagar, a dos pasos de las playas de El Sardinero, en la milla de oro urbanística de la ciudad, construya a su cuenta el nuevo edificio. Es la fórmula de los nuevos hospitales madrileños puestos en marcha por la liberal Aguirre.

Todos contentos y todo legal. Los únicos descontentos serían los ancianos que actualmente ocupan la residencia, pero una mayoría de ellos es posible que no lleguen para votar en las próximas elecciones, un problema menos, sólo quedarían los trabajadores despedidos. Quizás les ofrezcan unos de esos ‘mini-jobs’, mini sueldos y mini trabajos de cinco meses, que se ha sacado de la maga el Gobierno y que forma parte del Plan de Empleo que anuncian pleno tras pleno sin que todavía este aprobado, aunque, dicen, cuentan con hacerlo “ya” porque tienen las bendiciones de los sindicatos. A lo mejor es meterme en camisa de once varas, pero los sindicatos de la enseñanza nos acaban de dar algunas buenas pistas de como conseguir, cuando se pone lo que hay que poner encima de la mesa, torcer la mano del consejero Serna y hacerle volver sobre decisiones manifiestamente injustas. Se pueden cambiar las cosas. Pero lo primero es dejar de darle la razón al Gobierno cuando no la tiene -como en el caso del concurso eólico- o guardar silencio -y el que calla otorga- cuando el Ejecutivo del PP de dice hablar en nombre de las organizaciones sindicales para meter caña a la oposición. Por cierto que otro ejemplo es el plante de los rectores al ministro Wert. A ver si vamos aprendiendo.
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