El rescate del sistema financiero español es una hipótesis que puede convertirse en realidad en los próximos días, quizá en las próximas horas. El Gobierno insistía ayer en que no hay nada decidido y que es necesario esperar a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las auditoras Roland Berger y Oliver Wyman se pronuncien sobre las necesidades de capital de la banca española, de forma que pueda calcularse la petición al Fondo de Rescate Europeo. Pero la tibieza del desmentido no disminuye la evidencia de que la banca española necesita una considerable cantidad del Fondo y que este rescate se producirá de forma inmediata.

¿A qué esperar más para formalizar la decisión? El rescate es necesario y se ha pedido desde todos los ámbitos; la Unión Europea presiona a favor, igual que el presidente Barack Obama. Y la proximidad de las elecciones griegas aconseja no dilatar más la decisión.

El modelo de rescate (o intervención) elegido no es el óptimo, pero tampoco el peor de los posibles. Para la economía española la solución mejor era una inyección directa del Fondo de Rescate en los bancos afectados; pero como esta solución tropezaba con dificultades legales a corto plazo, la solución más probable es una aportación de capital al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que se responsabilizaría de cumplir las condiciones que exija el Fondo Europeo. En términos estrictos, no se trata de un rescate o intervención, como en Grecia, Irlanda o Portugal, sino de una aportación de capital condicionada que, en teoría, no implicaría un control directo de la economía por parte de Bruselas, el BCE y el FMI.

Más allá de las preguntas incómodas que plantea el modelo (Irlanda pidió una ayuda en términos similares que las autoridades europeas no aceptaron e impusieron una intervención), está claro que el FROB tiene participación pública y, por lo tanto, sus compromisos son responsabilidad del Gobierno. Por eso hay que prestar mucha atención a las condiciones que lleve aparejada la ayuda europea, para comprobar si efectivamente se circunscriben al ámbito bancario (exigencias de reducción del endeudamiento, ventas de activos, reducción del número de oficinas y empleados) o se imponen nuevas condiciones de política económica. Por ejemplo, sería coherente con una intervención suave limitada a la banca una subida del IVA y de la imposición indirecta y, quizá, una congelación de las pensiones.

Un rescate, aunque sea suave o limitado al ámbito bancario, revela un fracaso político. En este caso, es el resultado de una cadena de errores. El Ministerio de Economía insistió en la política de aumentar las provisiones destinadas a cubrir los activos dañados por el crash inmobiliario, cuando era evidente que esa receta solo podía surtir efecto si se conocía exactamente el volumen de capital requerido. Dos reformas financieras después, totalmente inservibles, los mercados seguían rechazando las estimaciones oficiales de recapitalización, el Gobierno había sido incapaz de ofrecer una cantidad fiable y tuvo que aceptar el dictado del BCE de recurrir a dos auditoras externas para obtenerla.

El Gobierno ha negado la realidad. Ha irritado al BCE lanzando a la opinión pública necesidades de capitalización bancaria muy por debajo de las reales, ha escondido urgencias y ha enviado el mensaje de que no era necesaria aportación alguna de capital europeo. Y, lo que es peor, ha incurrido en pérdidas cruciales de tiempo, porque cuando la necesidad de recapitalización se convierte en imperativa ya no queda margen de maniobra para negociar un rescate.

Editorial de El País