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Diego cumplirá las órdenes de Rajoy para recortar gastos en la Administración
El Gobierno de Cantabria prepara el despido de 2.000 empleados públicos
Cantabria | Fecha de publicación: 06/07/2012 12:38
Cabecera de la manifestación de los empleados públicos
Cabecera de la manifestación de los empleados públicosCC OO de Cantabria
AQUÍ CONFIDENCIAL/AGENCIAS
2.000 empleados públicos de Cantabria pasarán a engrosar la listas del paro en las próximas semanas. El presidente Diego aplicará el plan de ‘jibarización’ de la Administración pública decidido por el Gobierno de Rajoy. Profesores, sanitarios, empleados de empresas públicas y contratados de la Administración general serán despedidos o verán cerrada la puerta a nuevos contratos como interinos. Los nuevos despidos se sumarán a los que ya se han llevado a efecto en las empresas públicas en los últimos meses, que ya superan los 200. También está previsto que se cierren más empresas públicas y se produzcan nuevos ERE’s.

El Gobierno de Rajoy pretende que las Comunidades Autónomas profundicen en el recorte empleo público y, además, que lo hagan de forma inmediata. Se baraja una horquilla que va desde los 100.000 a los 300.000 trabajadores de la Administración que perderán sus puestos de trabajo en los próximos meses. El Ejecutivo, que considera que es una medida de ahorro necesaria, no ha presentado estimaciones sobre el coste que supondrá el abono de indemnizaciones, en pago del seguro de desempleo, la reducción de los ingresos de la Seguridad Social y Hacienda y los efectos que tan masivos despidos en un sector hasta ahora considerado de empleo estable tendrán sobre el consumo.

Los Gobierno del PP, tanto el de Cantabria como el de España, pretende que los despidos en la administración pasen lo más desapercibidos posibles. En unos casos utilizando eufemismos -amortización de plazas- y en otros mediante la técnica del goteo -practicada en los ERE’s de las empresas públicas de Cantabria-. También se ha optado por suspender los contratos de interinos, haciéndolos supuestamente ‘innecesarios’ mediante la adopción de medidas que empeoran la calidad de los servicios que se prestan. Es el caso de Sanidad y Educación, principalmente.

Así, según CC OO de Cantabria el aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), que califica de "ineficaz" y "precipitado y afecta a unos 8.500 trabajadores, "no solo no beneficia a nadie sino que además supondrá la pérdida paulatina de hasta cerca de 600 empleos".

El STEC, sindicato mayoritario en la enseñaza pública en Cantabria, vienen denunciando que, a pesar de los, a su juicio, "vergonzosos desmentidos" del consejero Miguel Ángel Serna, la disminución de más de 3 millones de euros en la partida destinada a pagar a funcionarios docentes en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2012, "esconde" la disminución en la contratación de interinos para el curso 2012-13. En opinión de citado sindicato la aplicación estricta de las medidas aprobadas provocará que más de 400 interinos dejen de ser contratados por Educación parar el próximo curso.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, aseguraba hace dos meses que las empresas públicas vinculadas al Gobierno de Cantabria deberán reducir aproximadamente un 15% de su masa salarial, un porcentaje que no quiso trasladar a despidos, si bien preció que no serían tantos como los 300 ó 400 que se barajando por algunos medios de comunicación. Al final, los despidos superan los 200 sólo en empresas públicas, sin contabilizar ni plazas amortizadas ni la no contratación de interinos en Sanidad y Educación.

El Consejo regional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC OO de Cantabria, máximo órgano entre congresos, alertaba recientemente de que el sector público regional perderá en 2012 2.400 nuevos empleos en sanidad, educación y administración general, que, sumados a los 2.500 que ya se perdieron en 2011, convierten a este sector en el "principal generador de parados en la región".

LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Según un informe del Instituto Cántabro de Finanzas (ICF), el sector público de Cantabria contaba en 2011 con un total de 44 entes, de los cuales 32 son empresas, 10 son fundaciones y dos son entidades públicas empresariales. En total, dan trabajo a 1.628 empleados. Pero no hacía dos precisiones. La primera que la mayor parte de las empresas eran instrumentales y no contaban con personal. Y, segundo, que la privatización de Emprendinser, llevada a cabo por el Gobierno PSOE-PRC antes de las elecciones, había reducido en 539 el número de trabajadores adscritos a las empresas públicas

Sobre la base de ese informe, notablemente manipulado, en el mes de diciembre del pasado año la Consejería de Economía aconsejó la reestructuración del sector público y lo llevó a debate en el Parlamento de Cantabria. Su titular, Cristina Mazas, cifró en 211 millones de euros las perdidas que el sector público empresarial de la región había acumulado durante los ocho años del bipartito. Mazas dijo que en las dos legislaturas la plantilla pasó de 900 a 1.628 trabajadores, lo que supone cerca del 50 por ciento del personal que trabaja en la Administración, sin contar el Servicio Cántabro de Salud (SCS) y Educación. En realidad, y descontados los 539 trabajadores de Emprendiser que ya habían pasado al sector privado, el incremento de personal en 8 años fue de 189 trabajadores

Cantur, que se ha fusionado con la Sociedad Regional de Turismo y con la del Soplao; Mare, que se une a Sistemas Medioambientales de Cantabria; y la Fundación Marqués de Valdecilla, son las que más trabajadores cuentan en la actualidad.

Los 200 despedido hasta ahora en las empresas públicas lo han sido mediante ‘listas negras -se han incluido los nombres por motivos políticos no profesionales-. El proceso, para amortiguar el impacto público, se ha llevado a canbo mediante un goteo de notificaciones que han provocando situaciones de extrema tensión en las plantillas de las empresas afectadas.

En las empresas públicas los despedidos se han justificado por insuficiencias presupuestarias. Pero en este asunto el Gobierno regional es juez y parte. Las insuficiencias presupuestarias de empresas que dependen del Presupuesto regional, que no están en el mercado ni tienen ingresos privados -con la excepción de algunos servicios de Cantur- las genera el propio Ejecutivo regional al recortar sus aportaciones. Así que primero le quita la financiación, lo que afecta no solo a su solvencia económica sino a las funciones que debe llevar a cabo, y luego despide al personal porque no hay dinero ni tampoco trabajo que hacer.

Los partidos políticos y sindicatos están convencidos de que el Gobierno regional ha optado por la solución más fácil, la que habitualmente adoptan los "peores empresarios": reducir la masa salarial sin tener en cuenta si con ello se pone en peligro la supervivencia de la empresa.
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