El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerró ayer la crisis abierta por el ‘caso Dívar’ con el respaldo a Gonzalo Moliner para encabezar el Tribunal Supremo y el propio CGPJ. La elección no se vio condicionada esta vez por intromisiones políticas externas, aunque sí hubo negociaciones internas que culminaron en el voto mayoritario a un hombre progresista desde que empezó a ser magistrado en las postrimerías del franquismo, cofundador de Jueces para la Democracia y actual presidente de la Sala de lo Social del Supremo.

No fueron estas características, en cualquier caso, las más valoradas por todos los que le aportaron ayer sus votos (12 de 20, con solo 5 en contra), sino la necesidad imperiosa de cerrar una crisis que ha debilitado al Poder Judicial lo suficiente como para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aprovechara el interregno para anunciar una reforma vivida por los jueces como un vaciamiento de su órgano de gobierno, incluso una operación de control del Poder Judicial desde el Ejecutivo.

En vísperas de la elección, las asociaciones de jueces y fiscales enseñaron los dientes anunciando movilizaciones —“paros parciales, concentraciones, limitación de señalamientos, incluida, en su caso, la huelga”— contra lo que consideran una declaración de guerra del Ejecutivo, proclive a configurar el gobierno de los jueces de manera más cercana a la junta de un colegio profesional que a un poder del Estado. Con un solo miembro permanente (el presidente), los 20 vocales habrían de compartir sus tareas jurisdiccionales o profesionales con la asistencia al Consejo, sin la dedicación exclusiva que consideran necesaria y, naturalmente, sin las remuneraciones que conlleva. De ahí el empujón dado a la elección de un presidente al que le queda un mandato de poco más de un año.

Ruiz-Gallardón había ofrecido negociar su proyecto a los grupos parlamentarios, singularmente al socialista. Surge ahora otro actor en el escenario, el presidente del Supremo y del CGPJ, y el Gobierno se equivocaría si convirtiera en mera formalidad las consultas al Consejo. Por supuesto, este órgano ha de reducir los gastos a lo imprescindible y hacer de la transparencia su regla de conducta; además el Gobierno y, en última instancia, el Parlamento, tienen la capacidad de recortarle el presupuesto. Pero no es cuestión de que el Ejecutivo trate de imponer su reforma por encima de todo, ni de que los jueces lleven a cabo paros o huelgas que puedan identificarse con una defensa de intereses corporativos.

Bien acogido inicialmente por varias asociaciones de jueces y por el ministro de Justicia, el nuevo presidente tendrá un papel clave para evitar una crisis suplementaria a las graves preocupaciones que ya embargan a la ciudadanía. Aunque la tarea se anuncia dura, dado el clima de tensión entre jueces y Ejecutivo, es preciso que los contendientes enfunden las armas y empiecen a hablar.

Editorial de El País