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La inmunidad bancaria, la ley y los hurtos en un supermercado andaluz
Uno de los documentales que ha tenido mayor impacto en los últimos tiempos no solo en EEUU sino también en Europa, incluyendo España ha sido Inside Job en el que su director Charles H. Ferguson analizó el entramado de banqueros, académicos y políticos que causaron la mayor crisis financiera que haya existido desde principios del siglo XX en EEUU. Fue uno de los documentales más premiados y más comentados en los últimos años. Y ha estimulado que se estén haciendo varios documentales parecidos en varios países. Soy consciente de que, al menos en España, se están haciendo un par de documentales sobre la crisis financiera española, sus orígenes y sus consecuencias, siguiendo un formato semejante a Inside Job.

Charles H. Ferguson acaba de publicar un libro, Predator Nation: Corporate Criminals, Political Corruption and the Hijacking of America, en el que se extiende con gran detalle sobre la criminalidad presente en las prácticas financieras, mostrando como una elite bancaria controla hoy en EEUU tanto el poder político como el mediático, señalando que esto no podría haber ocurrido sin la complicidad de políticos (que cambiaron las leyes para facilitar el desarrollo de tales actividades criminales y, más tarde, aprobaron las ayudas públicas a la banca) y de académicos que utilizaron su prestigio para promocionar tales intereses. El libro está muy bien documentado y señala el nivel de control que la elite financiera ejerce sobre la vida económica y política de EEUU.

Y también muestra las escasas voces críticas dentro del Estado, así como dentro del mundo académico, que denunciaron lo que estaba ocurriendo sin que nadie les hiciera caso. Una de ellas fue, paradójicamente, un economista del Fondo Monetario Internacional, Raghuram Rajan, que alertó de la crisis al gobierno federal, lo que creó un gran enfado a Lawrence Summers, quien había sido el arquitecto de la eliminación de la Ley Glass-Steagall Act (durante el gobierno Clinton), una de las causas de la crisis. Summers se benefició enormemente de la eliminación de tal ley, pues le permitió promover los hedge funds (ganando millones de euros en ello). Y lo que es más sorprendente es que el Presidente Obama le nombrara miembro prominente de su equipo. Charles Ferguson concluye que lo que es más indignante es que nadie (repito, nadie) ha acabado en los tribunales.

La situación en España
Una situación semejante ha ocurrido en España donde el comportamiento altamente especulativo de la banca y su maridaje con la industria inmobiliaria creó la mayor crisis financiera y económica que España haya sufrido en los últimos cincuenta años. Y, como en EEUU, tales comportamientos fueron facilitados por los sucesivos gobiernos, tanto centrales como autonómicos y locales, con el apoyo y promoción de los medios de mayor difusión y centros económicos (muchos de ellos de base académica) que aplaudieron las medidas que condujeron directamente a la crisis, una crisis que era fácil de detectar (ver mi artículo “La crisis era predecible” en www.vnavarro.org) y que todos aquellos establishments financieros, políticos, mediáticos y académicos –imbuidos todos ellos del dogma neoliberal- fueron incapaces de prever. Y una vez la crisis se inició, tales establishments –que continúan imbuidos en tal dogma- continuaron apoyando recetas que muy pocos denunciamos y que ahora se han visto ineficaces, dañinas y suicidas económicamente. Una de tales recetas ha sido la de recortar el gasto público a fin de disminuir el déficit público y así recuperar “la famosa confianza de los mercados”, confianza que no existe y tampoco se la espera. Antes al contrario, la prima de riesgo española continúa subiendo cada vez que se anuncian nuevos recortes.

He subrayado en varios artículos que el mantenimiento de tal dogma no puede atribuirse solo a la incompetencia de los gobernantes (aun cuando es obvio que tal incompetencia ha existido y continúa existiendo en los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles habiendo alcanzado su máxima expresión en los equipos actuales del gobierno español) sino a los intereses que tal dogma está sirviendo. Este servicio a tales intereses puede o no ser consciente o deseado pero lo cierto es que la aplicación de tales políticas beneficia a estos grupos y estamentos sociales, cuyo listado he detallado en otro artículo (y que incluyen la banca tanto extranjera como española así como la gran patronal) (ver mi artículo “El Sr. Draghi, el euro, el BCE y el Bundesbank, en www.vnavarro.org).

Pero si un documental como Inside Job se hiciera en España la conclusión sería la misma. Ninguna de las figuras de tales establishments, repito, ninguno ha terminado en los tribunales. En realidad, la mayoría de responsables de la crisis continúan ahora llevando a cabo y/o proponiendo las políticas de austeridad que están empeorando la situación financiera y económica española. Hay una continuidad en España entre los que crearon la crisis y los que están dirigiendo la respuesta de cómo salir de ella. Y, cómo no, las mismas voces (tanto en los medios como en academia) que estaban proponiendo la desregulación de los mercados financieros y laborales están ahora proponiendo las políticas de austeridad. Es un indicador de la intensidad del dogma así como de las interconexiones entre tales establishments el que no hayan aparecido voces discordantes dentro de ellos protestando que estas políticas condenarán a España a una larga, muy larga recesión. Lo máximo que se ha oído es voces que proponen que tales posturas de austeridad vayan más despacio y que se añadan (no se sustituyan, pero se añadan) políticas de crecimiento, que por su cantidad son más simbólicas que reales.

Las diferencias entre EEUU y España
Y ahí sí que en la existencia de voces discordantes dentro de tales establishments la diferencia entre EEUU y España es notable. En EEUU ha habido una protesta en frente de las políticas de austeridad, que determinaron las exitosas políticas de estímulo del gobierno federal que impidieron que EEUU cayera en una Gran Depresión. Y aun cuando tales fondos de estímulo fueron insuficientes, sí que impidieron que la recesión se convirtiera en depresión, y que la reactivación de EEUU fuera mayor que la de la Eurozona y mucho mayor que la de España. En España voces de protesta han existido pero han sido excluidas de los círculos mediáticos del establishment.

Pero existe otra gran diferencia, resultado que la banca tiene mucho más poder político en España (y en la Eurozona) que en EEUU. Y es que, el enorme poder político de la banca en España explica el sesgo legal tan favorable a la banca que aparece en su máxima expresión en los desahucios, en el que el inquilino no tiene ningún poder (repito, ningún poder) y el banco lo tiene todo, una situación única en la Eurozona y en EEUU.

Y otro caso de prepotencia apareció claro durante la presentación a las Cortes Españolas de algunos de los responsables de las políticas financieras durante los últimos años. De las presentaciones de tales autoridades, parecería que ningún acto ilegal tuvo lugar, lo cual podría ser cierto pues las leyes favorecían y continúan favoreciendo a la banca, no siendo infrecuente que fuera la banca la que escribiera las leyes bancarias, incluyendo las que determinaron el desastre. Se me dirá, con razón, que la ley, en general y en cualquier país favorece la reproducción del orden imperante, que beneficia a unos a costa de otros. Pero, aceptando esta observación, el hecho es que este sesgo es incluso más sesgado en España, resultado del enorme poder que las fuerzas conservadoras han tenido y continúan teniendo sobre el aparato del Estado, como queda reflejado en el gran conservadurismo del sistema judicial. La ley es, en España, la defensora del orden (que sostiene un enorme desorden, como queda claro en la situación actual). La ley no es igual para todos y lo que ha ocurrido con la banca y sus comportamientos es un caso claro y convincente de ello. Esta identificación de ley con orden alcanza mayor relevancia en momentos actuales donde el ataque frontal a los derechos sociales y laborales que aparece en las políticas públicas que se están imponiendo a las clases populares, sin que exista ningún mandato popular para ello, está llevando a una situación explosiva. De ahí la respuesta masiva del establishment del país a un hurto de no más de 400 euros en un supermercado andaluz.

La inseguridad del establishment español y su respuesta al hurto en un supermercado andaluz
El hecho de que tal hurto se hiciera por unos sindicalistas a fin de poder alimentar a unas familias en pobreza, sin recursos, alarmó enormemente al establishment español por su peligro de contagio, de manera que tanto el Fiscal del Estado como el Ministro del Interior intervinieron inmediatamente para penalizar a tales sindicalistas. Ello es una predecible respuesta que confirma el gran temor y justificada inseguridad que tiene la estructura de poder basada en unas enormes desigualdades, de las más elevadas existentes hoy entre los países de mayor desarrollo económico de la OCDE, siendo un país en el que coinciden las mayores fortunas del mundo (sí, del mundo) con sectores populares que viven en los mayores niveles de pobreza existentes en tal comunidad de países, de la OCDE. No es, pues, de extrañar, que España, como ocurre también en países con grandes desigualdades, tenga, junto a un Estado con escasa sensibilidad social, un Estado con gran desarrollo de sus aparatos represivos. Como he documentado en mi libro El Subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias, España es el país de la UE-15 que tiene mayores desigualdades sociales y más policías por 10.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en sanidad, educación, y servicios sociales.

El establishment español es consciente del nivel tan desigual de ingresos y rentas en España, donde tales recursos están altamente concentrados en sectores poblacionales muy minoritarios (dentro de los cuales hay los sectores financieros). De ahí su preocupación de que cualquier acto de agitación social en protesta a tales desigualdades pueda expandirse, despertando gran simpatía, cuando no apoyo popular. En un periodo en que tales desigualdades se están acentuando todavía más, tal preocupación se está convirtiendo en auténtico temor. Es en este contexto que se entiende la respuesta claramente desorbitada frente a un hurto de 400 euros en un supermercado andaluz. Como indicó en un gran titular, el diario conservador La Vanguardia, “el gobierno frenará de raíz cualquier conato de estallido social” (09.08.12).

Y el máximo argumento de tal denuncia era que el hurto era ilegal, exigiendo el cumplimiento de la ley. Aunque, repito, fuera previsible que las fuerzas conservadoras respondieran de esta manera, es sorprendente y rechazable la condena que tal acto tuvo por sectores de las izquierdas gobernantes. Tales voces olvidan que los mayores cambios ocurridos en nuestro y en otros países han sido resultado de agitación y desobediencia civil. El identificar ley con moralidad y/o con rectitud democrática es ignorar o desconocer el papel de la ley en reproducir un sistema injusto y escasamente democrático, como es el español. Lo que han hecho aquellos sindicalistas es, en un acto de desobediencia civil, mostrar la situación dramática en la que se encuentran más de un millón de familias españolas que viven en situaciones miserables (que creíamos habían ya desaparecido en España), resultado de unas políticas públicas frente a las cuales la única actitud de decencia democrática es la de rebelarse frente ellas. Hay que agradecer a tales sindicalistas que, con tal acto, la sociedad española se concienciara del impacto que tales políticas están teniendo en nuestro país.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra. (Artículo publicado en el elplural.com)
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