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En Cantabria un nuevo impuesto a la riqueza (64 m.) o a las empresas que mas ganan (128 m.) permitirá seguir ayudado a los parados entre 2 y 4 años más
Si los ricos pagan un poco más el PP no tendría argumentos para eliminar la ayuda de los 400 euros
Cantabria | Fecha de publicación: 09/08/2012 08:31
Oficina de Empleo
Oficina de EmpleoAgencias
AQUÍ CONFIDENCIAL
La recaudación en Cantabria por la aplicación de un nuevo impuesto sobre la riqueza alcanzaría los 64 millones de euros. Si la medida adoptada fuera elevar el impuesto de sociedades en su tramo más alto, el que afecta a empresas con beneficios superiores al millón de euros, la Hacienda Pública ingresaría 128 millones. Prorrogar durante otros seis meses la ayuda de 400 euros a los 6.000 parados que han agotado sus prestaciones mientras busca empleo, supondría un desembolso de 14,4 millones de euros, cuatro veces menos de los que pagarían los ricos y casi 10 veces menos de lo que se ingresaría si las empresas con beneficios millonarios pagan un poco más.

Si el Gobierno de España optase por modificar los tributos en el sentido apuntado por Ghesta, la Asociación de Técnicos Superiores del Ministerio de Hacienda, con lo recaudado por el impuesto a las grandes fortunas habría fondos para que un mínimo de 6.000 parados pudieran seguir incluidos en el Plan Prepara y recibir la ayuda de 400 euros, durante los 2 próximos años. La posibilidad de acceder a esa ayuda se doblaría con los ingresos provenientes del un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declarados sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas

Buena parte de los problemas derivados de la crisis que sufre Cantabria, y más concretamente los cántabros, se verían solucionados con la persecución del fraude fiscal. Nada menos que 500 millones calculan los técnicos de Hacienda que se podrían ingresar en las arcas públicas sólo aflorando un 10% de la bolsa de fraude existente en Cantabria. Pero mientras el Gobierno de España decide acometer la persecución de los defraudadores en lugar de amnistiarles, hay otras acciones más rápidas e igualmente beneficiosas para el conjunto de la población, que harían posible repartir de forma más equitativa los costes de la crisis económica.

El Gobierno de Rajoy pretende dar carpetazo al Plan Prepara, puesto en marcha por el anterior Gobierno socialista, consistente en ayudas por un periodo de seis meses a aquellos parados que han dejado de recibir prestaciones y que aceptan participar en el programa, que se apoya en una combinación de medidas activas de orientación, formación y recualificación. A cambio se facilita una ayuda de renta mensual de 400 euros. La medida se ha mostrado como un instrumento de gran utilidad para garantizar la transición al empleo. Pues bien, el Ejecutivo del PP cerró por vacaciones sin adoptar ninguna decisión para renovar unas ayudas que finalizan el 15 de agosto. El próximo Consejo de Ministros no se celebrará hasta nueve días después, el 24 del miso mes.

Así, en menos de una semana 400.000 españoles, de ellos 6.000 en Cantabria, dejaran de recibir probablemente los únicos ingresos del núcleo familiar, pasando de la pobreza a la indigencia. El argumento del Ejecutivo del PP es el coste del Plan. Pero, como en la mayor parte de sus actuaciones, y tras dar fe de la existencia del problema, no adopta medida alguna para solucionarlo. Y, sin embargo, el Gobierno tiene instrumentos de sobra para hacer frente al problema planteado por la financiación de las ayudas a los parados. Sólo es necesario decisión política.

Ghesta ha propuesto la creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas. Según dicha asociación esta única medida permitiría recaudar en Cantabria unos 128 millones de euros adicionales, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.

El colectivo técnico citado propone también la creación en 2013 de un Impuesto sobre la Riqueza que "supere los defectos y cierre las vías de elusión" del Impuesto sobre el Patrimonio parcialmente recuperado para 2011 y 2012, lo que podría triplicar la recaudación hasta los 64 millones de euros en la comunidad autónoma.
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